90.000 alumnos musulmanes en Cataluña

Se estima que 564.000 ciudadanos profesan el islam en Cataluña, según el Estudio Demográfico de la Población Musulmana de 2020 del Observatorio Andalusí. En España hay aproximadamente 2 millones de ciudadanos musulmanes, por lo que más del 25% viven en Cataluña. Solo en Andalucía hay más ciudadanos que profesen esta fe, de acuerdo con estas estimaciones. Sin embargo, Cataluña es una de las últimas autonomías en ofertar clases de religión islámica.

Y ello, a pesar de que el Observatorio estima que hay unos 90.000 alumnos musulmanes en Cataluña, lo que la convierte en la autonomía con el mayor número de niños musulmanes en edad escolar. Andalucía es la segunda autonomía con aproximadamente la mitad de alumnado musulmán que en Cataluña y hace años que imparte clase de religión musulmana (islam) a estos niños. Madrid es la tercera comunidad autónoma en número de alumnos.

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Cataluña y Murcia eran hasta ahora las únicas autonomías donde no se ofrecía clase de religión musulmana en los centros educativos públicos a pesar de tener una cuota de alumnos probables suficiente, tal y como establece la ley. Navarra, Galicia y Asturias tampoco ofrecen las clases, pero el propio informe señala que no se cubrirían las “ratios de alumno” de más o igual 10 niños para comenzar a ofrecerlo.

La Generalitat comienza a cumplir en el nuevo curso 2020/21 con este derecho establecido para los niños que profesan el islam. El Gobierno catalán aplicará su plan piloto para la enseñanza de religión islámica en Barcelona, Baix Llobregat, Girona y Tarragona.

Cataluña, a la cola de las clases de religión islámica

80 es el número récord de profesores de religión islámica contratado en toda España en 2019/20, un número que casi se ha duplicado en los últimos años cinco cursos. Andalucía tiene el mayor número de profesores: 23, según datos del curso pasado.

Ahora Cataluña suma cuatro profesores más en su plan piloto, según su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el pasado 2 de septiembre.

La Comisión Islámica de España llevaba años reclamando que también en Cataluña, con la mayor tasa de alumnos musulmanes de todas las autonomías, se ofrecieran las clases de religión a los alumnos musulmanes, de acuerdo con la ley.

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“Por provincia, destacan por su número de alumnos musulmanes, Barcelona y Madrid, seguidas de Murcia, sin contratación autonómica de Cataluña y Murcia, ni autorización de impartición si contratasen a los profesores de religión los mismos padres de los alumnos”, destaca el estudio, dependiente de la mayor federación de musulmanes en España, Ucide. “Solo doce autonomías cumplen solo unos mínimos legales”, lamenta el último informe del Observatorio Andalusí. Tres autonomías incorporaron en cursos recientes esta oferta a su currículum escolar; por ejemplo, Extremadura. Baleares firmó en septiembre del año pasado un acuerdo con el Gobierno insular para comenzar a impartir clases este curso 2020/21.

La Constitución, el Estatut y otras leyes por las clases de religión

El derecho a la libertad religiosa y a recibir una educación acorde con la propia fe se estableció en la Constitución de 1978, luego en la Ley de Libertad Religiosa de 1980 y se concretó para la enseñanza de la religión musulmana hace más de 25 años en la Ley 26/1992. El Estatuto de Autonomía de Cataluña también lo refleja.

“Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, reza el artículo 27.3 de la Carta Magna de 1978. En la misma línea, se expresa el artículo 21.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña: los progenitores tienen garantizado “el derecho que les asiste a que sus hijos e hijas reciban la formación religiosa y moral que vaya de acuerdo con sus convicciones en los centros educativos de titularidad pública, en los cuales la enseñanza es laica”.

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El texto del plan piloto catalán defiende que éste aborda “dos grandes retos que hay que afrontar desde la gestión pública del hecho religioso (…): la garantía de los derechos de libertad religiosa y el mantenimiento de la cohesión social”.

El denominado “Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España” de 1992 establece los derechos de los musulmanes españoles y residentes en España. En su artículo 10 se establecen las condiciones para la enseñanza del islam en centros públicos: “(…) se garantiza a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre que, en cuanto a estos últimos, el ejercicio de aquel derecho no entre en contradicción con el carácter propio del centro, en los niveles de educación infantil, educación primaria y educación secundaria”.

Ese mismo año, en 1992, se firmaron otros dos acuerdos de cooperación con otras dos religiones minoritarias en España con “notorio arraigo”: los ciudadanos protestantes y judíos.

¿Quién decide el temario y los profesores?

El plan piloto de Cataluña establece que “la materia Religión Islámica tiene que reflejar las lenguas y culturas de las familias musulmanas en Cataluña, así como la realidad que engloba musulmanes y no musulmanes, hombres y mujeres de diferentes procedencias geográficas y culturales, con la finalidad de transmitir al alumnado la perspectiva de inclusión y la educación en la diversidad”.

Los contenidos vienen definidos por el currículum escolar aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por primera vez en 1996. Así, todo lo que se enseña sobre el islam en los centros educativos españoles está aprobado oficialmente. El temario vigente pertenece a resoluciones de 2014 y 2016, según el nivel educativo.

Los nuevos cuatro profesores del plan piloto catalán impartirán la materia preferentemente en primero de Primaria y primero de Secundaria, si bien podrán unirse niños de otros niveles. Los profesores son designados por la Comisión Islámica de España, de acuerdo con la regulación vigente. Tienen que tener una titulación académica igual o equivalente a la exigida para poder ejercer como profesor de otras áreas.

“Para la organización de grupos de la materia Religión Islámica es necesario seguir los mismos criterios utilizados en la atención al alumnado que ha solicitado la materia Religión Católica”, señala el plan del Departamento de Educación catalán. Además, su plan establece que cada centro educativo donde se imparta la materia, tendrá que “adoptar las medidas necesarias (…) para que todos los miembros de la comunidad educativa conozcan el contenido”.

El 90% del alumnado musulmán en España no puede acceder a clase de religión islámica en los centros públicos, mientras que el 90% del profesorado de esta materia se encuentra en el paro, según datos de finales de 2019 recogidos por el citado Observatorio.

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A.B.H.A. pidió la revisión de una entrevista personal que le hicieron como parte de un proceso para ascender a oficial de la Benemérita. Aseguraba que le habían preguntado casi en exclusiva por su religión y consideraba haber sido víctima de trato islamófobo. Le retiraron 15 días de sueldo como medida disciplinaria al considerar que mentía. También le suspendieron un mes sin empleo por haber faltado, supuestamente, al respeto a sus superiores jerárquicos en su queja. Ahora la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha anulado ambas sanciones y sentencia que se vulneró su derecho a la libertad de expresión y a la defensa.

A.B.H.A. acudió a la entrevista personal en junio de 2015. El mismo día, tras la entrevista envió un correo reclamando una revisión. Al día siguiente le citaron para ello y fue el comienzo de una batalla en los tribunales militares. En el parte de aquel día, el guardia civil denunciante expuso que al ser preguntado por los aspectos negativos de su destino en la especialidad de información, lamentó “las prácticas generalistas tendentes a identificar a TODOS los concurrentes a Mezquitas, pues presuponen que TODOS los musulmanes son sospechosos de radicalidad”.

La entrevista se basó “casi en exclusividad en (mi) condición de musulmán”

— A.B.H.A, guardia civil

A partir de ese comentario, según el denunciante, los entrevistadores le preguntaron si profesaba la fe musulmana y el capitán le recriminó que no presentara informaciones sobre islamistas radicales. Su entrevistador entendía, de acuerdo con el relato de A.B.H.A. que “todo un historiador y persona formada como el denunciante debería presentar información sobre el radicalismo islámico [SIC]”. Esto indignó al guardia civil que se sometió a esta entrevista como parte del proceso de ascenso a oficial. Consideró el comentario un “juicio de valor absolutamente inaceptable” por presuponer que tenía “relación con radicales, cuando no es ni ha sido nunca el caso”. Con esas palabras lo expresó ante sus superiores. A.B.H.A. explicó que la entrevista se basó “casi en exclusividad en (su) condición de musulmán” y denunció que se había violado su libertad religiosa, establecida en el artículo 16 de la Constitución.

Tras contar esto, sus superiores y posteriores sentencias ante los tribunales militares le atribuyeron dos faltas graves: mentir y faltar al respeto a los mandos. Ahora, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo sentencia que no hizo ni lo uno ni lo otro, sino que ejerció su derecho a la libertad de expresión para quejarse de un trato que él consideraba injusto.

El Supremo confirma que la religión del guardia civil ocupó parte de la entrevista personal

El Supremo afirma que no ha quedado probada una discriminación por razón de credo, argumento fundamental de la denuncia. Y es que apenas existe más que la versión de A.B.H.A. sobre lo que pasó en aquella entrevista. La sentencia asegura que tampoco queda probado que se le obligara a hablar de su religión, como impide el artículo 16.2 de la Constitución.

Pero señala que sí queda constatado que la fe musulmana del guardia civil fue un asunto tratado en la entrevista personal tras la que le consideraron “no apto” para el ascenso. Uno de los dos evaluadores de aquella entrevista escribió en su informe una frase que la Sala considera “reveladora”, pues admite que fue un tema abordado durante la conversación: “antepone su perspectiva étnica (musulmán) a valores institucionales”. A este respecto, el Supremo destaca además la “notoria ignorancia” del evaluador, al confundir etnia y religión.

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No solo eso: el documento de evaluación firmado por un capitán licenciado en Psicología destaca que el guardia civil “posee titulación universitaria y actualmente cursa un Máster en Derecho Islámico, su discurso y exposiciones muestran un nivel actitudinal superior a la media”, que “pone en tela de juicio la política de seguridad de la Guardia Civil y del Estado en general respecto al Islam”. La evaluación también señalaba que el aspirante al ascenso “critica a los Mandos por su falta de condecoraciones”. La conclusión del capitán que le entrevistó junto a un alférez fue la siguiente:

“Pese a haber obtenido un resultado adecuado en las pruebas de personalidad y en la entrevista grupal, el aspirante durante la entrevista individual muestra serios déficits en las competencias de ‘Dirección y Mando’ y ‘Valores Institucionales’ (…). Por ello, la propuesta de calificación al Tribunal de Selección es NO APTO”.

Ni mintió ni faltó al respeto

A lo largo de 83 páginas, la sentencia del Supremo subraya repetidamente que el guardia civil no faltó a la verdad, sino que relató los hechos como él los había experimentado y de acuerdo con su percepción. En realidad, la discrepancia entre el denunciante y esta sentencia final del Supremo reside más bien en el alcance del asunto religioso como tema único o no durante la entrevista para el ascenso: “No puede afirmarse que no versara, en mayor o menor medida, sobre las prácticas o creencias religiosas del recurrente, pues es lo cierto que giró, cuanto menos en parte, en derredor de tal cuestión”. Y abunda: “El hoy demandante se hallaba en la fundada creencia de que lo aseverado [por él] respondía -como sustancialmente responde- a la realidad”. La sentencia afirma que no existe en ningún caso “afán tergiversador”, por lo que considera que al denunciar su situación ejerció su derecho a la libertad de expresión.

“No puede afirmarse que no versara, en mayor o menor medida, sobre las prácticas o creencias religiosas del recurrente, pues es lo cierto que giró, cuanto menos en parte, en derredor de tal cuestión”

— Sentencia del Tribunal Supremo

El Supremo concluye que el denunciante tampoco faltó al respeto a sus superiores, por lo que no es aplicable la medida disciplinaria que le retiró 15 días de sueldo: “Es moderadamente crítico (…), aparece formulado en términos de notoria consideración y respeto hacia estos, sin contener frases o palabras insultantes, despectivas, descomedidas o irrespetuosas, más allá de relatar unos hechos que, de haberse acreditado como ciertos, resultarían objetivamente graves”. Incide la sentencia en que “resulta obvio” que “no infligió un trato descortés e irrespetuoso a los superiores jerárquicos”.

En cuanto al proceso disciplinario, la sentencia destaca dos irregularidades: “la inexplicable ausencia de la información reservada” con la que el asesor jurídico de la Dirección General de la Guardia Civil argumentó por qué no se procedía a abrir un expediente disciplinario al capitán y el alférez denunciados. El Supremo considera igualmente “incomprensible” que tampoco se tomara declaración a los entrevistadores denunciados por A.B.H.A.

Así, la sentencia del Tribunal Supremo declara nulas las sanciones y considera que éstas supusieron una “vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la defensa y a la legalidad sancionadora”. La Guardia Civil tendrá que devolverle el sueldo que le retiraron y deberá borrar las sanciones del expediente de A.B.H.A.

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, dijo durante la campaña de las elecciones andaluzas: “Frente a los que reivindican la Andalucía de Blas Infante, (…) Al Ándalus, nosotros reivindicamos la Andalucía de  (…) la reina Isabel La Católica”. La formación de Abascal ha hecho de la Reconquista de los Reyes Católicos su bandera y en las últimas semanas ha sacado pecho de su proclama contra la supuesta amenaza de una “invasión islamista” en la actualidad.

Precisamente por esta afirmación y otras más del número 2 del partido, Javier Ortega Smith, la Fiscalía de Valencia está investigando si puede constituir delito de odio. El candidato de Córdoba se ha sumado a la tesis de que ahora nos enfrentamos a una “invasión islamista”, a pesar de que su propia carrera defiende que la convivencia de musulmanes y cristianos no solo es posible, sino deseable.

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Las conclusiones del libro en el que José Ramírez desarrolla su tesis de licenciatura tumban no solo la épica de la campaña de Abascal, sino la base de su discurso sobre la Reconquista trasladada al presente. En La leyenda de Cardeña y la épica de al- Ándalus: la victoria póstuma del Cid (Signatura Ediciones), el estudioso de Al Ándalus afirma:

“La tendencia a enjuiciar con ideas y esquemas del mundo actual los hechos del pasado es, en muchos casos, una rémora a la hora de entender los acontecimientos históricos. Las fronteras entre las distintas formaciones políticas y culturales han sido consideradas en muchas ocasiones como un impedimento insalvable, cuando la situación durante la Edad Media parece haber sido muy diferente.

Sabemos que los castellanos utilizaban tejidos y ropajes andalusíes para sus vestidos de lujo, juegos de origen árabe para distraerse, y que el contacto con al-Andalus dejó una fuerte impronta en muy diversos campos de la cultura de los reinos cristianos en la Península Ibérica. Por ello resultaba inevitable el intercambio de temas literarios entre la épica castellana y la andalusí. En el s. XI Rodrigo Díaz reclutó guerreros tanto entre los cristianos como entre los musulmanes, y con ellos compartió la mayor parte de su vida, hasta el punto de pasar a la historia con el apelativo respetuoso [en árabe] de ‘sayyid’, Cid”.

El «extraordinario patrimonio andalusí» y el diálogo de civilizaciones

José Ramírez ensalzó “este patrimonio extraordinario que es el andalusí” y la “herencia común” con la cultura árabe tras recibir un premio de la fundación kuwaití Abdulaziz Saud al-Babtain y la Cátedra al-Babtain de Estudios Árabes de la Universidad de Granada en 2012. Lo dijo en una entrevista que le hizo el Centro de Estudios al-Andalus y Diálogo de Civilizaciones con sede en Rabat (Marruecos), a cuyo Consejo Ejecutivo pertenece.

Entre los objetivos del Centro en el que participan Arabia Saudí y Marruecos, está el de “impulsar el diálogo de civilizaciones y religiones en el momento presente a la luz de la luminosa experiencia andalusí en este campo”, como expresa el propio organismo en su página web.

Pantallazo de la entrevista a José Ramírez del Río por el premio de la Fundación Al Babtayn en la web del Centro de Estudios al-Andalus y Diálogo de Civilizaciones.

El premio por el que ensalzó la herencia andalusí se lo concedieron por una investigación sobre la estepa de Écija en Al Ándalus. Argumentaba que “la literatura andalusí desempeñó un papel importante en la conformación de la personalidad de la Estepa de Écija”, como explicó en la citada entrevista.

El libro reflejaba un repaso histórico a la región, que sufrió una “inestabilidad política” por cuestiones agrícolas y el reparto de puestos políticos “entre personas de diferentes orígenes: árabes, hispanos, bereberes”. Pero Ramírez explicó que esto “no impidió el florecimiento de las ciencias árabes e islámicas, así como de las denominadas ‘ciencias de los antiguos’” y argumentó que el “renacimiento económico” llegó de la mano de los almohades, bereberes del norte de África.

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“En su trabajo no ha tenido una posición acorde con Vox”, asegura a Salam Plan Alejandro García Sanjuan, profesor de Historia Medieval en la Universidad de Huelva y coeditor de la revista digital Al Ándalus y la Historia. Al mismo tiempo señala que José Ramírez “no se ha metido en posiciones controvertidas, como la Reconquista” en su obra académica y da como ejemplo un artículo del candidato de Vox sobre la casa de Blas Infante, “donde analizaba los aspectos decorativos”.

En ocasiones más recientes se puede comprobar el apoyo de Ramírez a la defensa de la riqueza andalusí y su contribución al cristianismo. En la Feria de Córdoba de 2018 presentó el libro Filosofía y pensamiento espiritual en Al Andalus  de Juan Antonio Pacheco (Ed. Almuzara), que habla del “pensamiento islámico” y “cómo el saber andalusí influenció en el mundo occidental (…) y cómo su sabiduría se integró en el ámbito cristiano”, tal y como describe la editorial.

En septiembre de 2018 participó en la presentación del libro de poesía Lunas de Oriente de José Antonio Santano (Ed. Dauro), que aborda “la tensión entre Oriente y Occidente” pero a la vez ensalza “la luz del conocimiento de dos insuperables culturas con un mismo halo universal (…) la gloria del Mediterráneo”.

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Lo que defienden los musulmanes en España

Riay Tatary, el presidente del máximo órgano de representación de los musulmanes en España, declaró recientemente que la Comisión Islámica de España trabaja por la “moderación”, el “respeto mutuo” y la “defensa de nuestra norma suprema, la Constitución”. Salam Plan preguntó por el pasado Día Contra la Islamofobia a una decena de musulmanes representativos en España qué significa para ellos su religión. La paz, el bien común, la humildad o la ecología son ideas en las que coinciden:

Abascal ha reivindicado repetidamente que no es racista ni islamófobo. Vox defiende el cierre de lo que denomina “mezquitas fundamentalistas” y la expulsión del país a imanes “que propaguen el integrismo, el menosprecio a la mujer, o la [supuesta] yihad”, sin tener siquiera en cuenta que los imanes pueden ser españoles y transmitiendo una idea equivocada del islam.

El verdadero significado de yihad es contrapuesto a lo que los terroristas de Daesh o Al Qaeda llaman así (aquí están las pruebas) y los propios musulmanes son las primeras víctimas de estos grupos asesinos. La generalización del menosprecio a la mujer en el islam es una idea que tampoco comparten numerosas mujeres musulmanas y estudiosos del islam.

Entre sus “100 medidas urgentes” publicadas ya antes de las elecciones en Andalucía, Vox también aboga por prohibir las clases de religión para musulmanes en los centros públicos, un derecho garantizado -en caso de demanda suficiente- en el artículo 27.3 de la Constitución y las leyes conocidas como los Acuerdos de 1992, que establecían ese mismo derecho para evangélicos y judíos en España.

Salam Plan ha tratado ponerse en contacto con José Ramírez del Río por diversos medios, pero por el momento no ha obtenido respuesta.

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Pero también hubo progresos puntuales en 2018, según el último Estudio demográfico de los musulmanes en España del Observatorio Andalusí, publicado esta semana. El presidente de la CIE, Riay Tatary, señala a Salam Plan que las comunidades autónomas se muestran más dialogantes para ofertar las clases de religión islámica que establece una ley de 1992, que se aprobó en paralelo a otras equivalentes para los derechos de evangélicos y judíos. Aun así, solo hay 76 profesores de religión islámicas para más de 312.000 alumnos en toda España.

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Por otra parte, por primera vez una comunidad autónoma ha aprobado la asistencia religiosa en hospitales para musulmanes, a pesar de que venía reflejado en esa misma ley de hace más de 25 años. Ésta es una radiografía dato a dato de los musulmanes en España, con las dificultades y los avances que se encuentran en la Administración en relación a sus creencias:

1. Dos millones de musulmanes y cerca de la mitad son españoles:

En España viven 1.993.675 de musulmanes, de acuerdo con los cálculos estadísticos de Ucide, que se basan en datos de las comunidades islámicas, los padrones municipales y el Instituto Nacional de Estadística (INE). En total, equivalen al 4% de los habitantes españoles y extranjeros en el país, una cifra que permanece estable con respecto a 2017.

El 43% de quienes profesan el islam en España, son españoles. Entre los musulmanes inmigrantes, la nacionalidad más habitual es la marroquí, que conforma un 38% del total de personas que profesan esta religión en España. Le siguen las personas procedentes de Pakistán, Senegal y Argelia.

2. Cataluña: la mayor población, pero sin clases de religión

533.600 ciudadanos de Cataluña son musulmanes, lo que la convierte en la comunidad autónoma con mayor población musulmana en números absolutos (porcentualmente Ceuta y Melilla tienen más). Sin embargo, es una de las cinco comunidades autónomas donde continúa sin haber ningún profesor de religión islámica en los centros públicos de enseñanza. El Observatorio Andalusí estima en más de 85,800 los alumnos musulmanes en sus aulas.

Ello a pesar de que en 1992 se aprobaron tres leyes con los representantes de las religiones evangélica, judía y musulmana para concretar sus derechos establecidos en la Constitución, que incluye el derecho a recibir clases de la religión que se profesa en un centro público si existe la demanda suficiente (la ley marca mínimo 10 peticiones por centro para un profesor). Son los llamados «Acuerdos de Cooperación del Estado» con los distintos representantes de las confesiones religiosas minoritarias con arraigo en España.

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La falta absoluta de profesorado de religión islámica en Cataluña es una situación recurrente que denuncia desde hace tiempo la Comisión Islámica de España (CIE), órgano oficial que ejerce de interlocutor con la Administración. Por ello, en una reunión de su Comisión Técnica de Educación el pasado diciembre constataron lo que consideran “fuertes trabas políticas para impartir religión en Cataluña”.

«Siempre hemos tenido contacto con ellos, desde la firma del convenio de enseñanza religiosa [en 1996]», señala el presidente de la CIE, Riay Tatary a Salam Plan. Cuenta que la primera condición que le pusieron fue que los profesores pudieran dar las clases en catalán, con lo que Tatary expresó que no había inconveniente alguno. De hecho, los profesores de religión islámica habilitados por la CIE para la Generalitat se han graduado en las universidades catalanas, subraya.

Sin embargo, «desde entonces no hay señales de vida», indistintamente de los distintos gobiernos que han pasado por el poder en Cataluña. «He hablado con todos los gobiernos que han pasado por ahí. Incluso hablé personalmente con alguno de los presidentes personalmente, y no hay ninguna contestación». ¿El motivo? Tatary asegura que lo desconoce.

Murcia es junto con Cataluña, la única comunidad autónoma, que no está “abierta” a la impartición de estas clases, indica el informe. Para Tatary, la situación «es igual». En estos dos lugares, se ha ofrecido a las autoridades que sean los propios padres interesados quienes paguen a los profesores, pero no se les ha autorizado. Se da la circunstancia de que Murcia es la quinta comunidad autónoma con más población musulmana: más de 105.000 habitantes y 18.500 alumnos.

«Se trata de un derecho fundamental. Es una ley que fue firmada por todos los grupos parlamentarios, tanto nacionales como regionales», recuerda Riay Tatary.

«Se trata de un derecho fundamental. Es una ley que fue firmada por todos los grupos parlamentarios, tanto nacionales como regionales»

— Riay Tatary, Comisión Islámica de España

Cuenta que todos los años manda una carta recordando el convenio que existe para impartir clases de religión islámica, y «no hay una contestación ni de Murcia ni de Cataluña». El presidente de la CIE cuenta que «hace unos años» hubo contactos y estaban «muy esperanzados», pero finalmente quedó en agua de borrajas y desde entonces solo hay «silencio», denuncia.

Aunque Tatary pone el foco sobre Cataluña y Murcia, lo cierto es que Madrid y la Comunidad Valenciana tampoco tienen profesores de religión islámica de acuerdo con la proporción de alumnado musulmán. Solo hay tres y un profesor de religión islámica respectivamente, a pesar de estar entre las cinco comunidades autónomas con mayor población musulmana. Andalucía, la segunda comunidad autónoma con mayor población, tiene a 23 profesores en su plantilla.

3. 76 profesores para 312.500 alumnos, pero con más disposición por parte de las Comunidades Autónomas

El 90% del alumnado musulmán no recibe clases de su religión a pesar de las leyes y “solo doce autonomías cumplen solo unos mínimos legales”, denuncia el informe del Observatorio Andalusí. En total hay 76 profesores contratados en toda España para un alumnado de 312.498 alumnos musulmanes. Solo uno de estos profesores imparte clases en Secundaria; se encuentra en La Rioja.

A pesar del bajo número, proporcionalmente hubo un aumento significativo en 2018, pues son 15 más que un año antes. Esto se debe a que en el presente curso escolar han comenzado a ofrecerse clases de religión islámica en Extremadura, la Comunidad Valenciana y La Rioja.

Aunque Navarra anunció que también lo haría, de momento no ha podido ser. Desde el departamento de Educación de la comunidad foral indican a Salam Plan que solicitaron a la Comisión Islámica en Navarra un listado de profesores una vez que conocieron la demanda, de acuerdo con la Ley de 1992. Pero «hasta fecha de hoy esta Comisión ha informado al Departamento que no puede ofrecer personas con la titulación legalmente necesaria para realizar su función educativa, al igual que está ocurriendo con otras comunidades autónomas». Tatary explica que exigen la carrera de Magisterio o Grado de Enseñanza a los profesores de religión, pero la CIE únicamente dispone de licenciados en su bolsa de profesores allí.

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Baleares, Asturias y Cantabria son otras tres comunidades autónomas donde aún no hay ningún profesor para impartir esta materia, pero están en conversaciones con la CIE. Tatary considera un gran avance la disposición que existe ahora por parte de casi todas las comunidades autónomas a impartir la enseñanza religiosa islámica donde haya demanda.

4. El 95% de las comunidades islámicas no tienen cementerio

Al igual que otras religiones, el rito musulmán para enterrar a los fallecidos tiene sus especificidades, como enterrarlos sin ataúd. Pero a menudo a los musulmanes españoles o residentes en España les resulta imposible cumplir con su fe e incluso se ven forzados a repatriar los cadáveres a sus países de origen, si son inmigrantes.

Y es que el 95% de las comunidades islámicas carecen de cementerios donde poder enterrar a sus muertos de acuerdo con sus creencias. A pesar de ello, Tatary indica que «con los cementerios hemos avanzado mucho», pues desde que se firmó el Acuerdo de Cooperación hace más de 25 años ha pasado de haber 4 cementerios a existir 35 cementerios en toda España. Indica que en las grandes ciudades las autoridades están sensibilizadas al respecto.

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Los ciudadanos musulmanes sí pueden enterrar a sus muertos según su rito en Ceuta, Melilla, Comunidad Valenciana, País Vasco, Asturias, Madrid o Andalucía. En esta última comunidad autónoma el reglamento de la Policía Sanitaria Mortuoria recoge que “en aquellos casos en que, por cuestiones de confesionalidad, así se solicite y se autorice por el Ayuntamiento, (…) podrá eximirse del uso del féretro para el enterramiento, aunque no para la conducción”. Por otra parte, hay dos cementerios pluriconfesionales en Alcobendas (Madrid) y Riba-Roja de Túria (Valencia).

El Informe Anual sobre la situación de la Libertad Religiosa en España elaborado por el Ministerio de Justicia, la Comisión Islámica de España señala al municipio de Badajoz “entre los casos enquistados en el tiempo” y asegura que se niega “reiteradamente a enterrar a musulmanes respetando su rito”.

5. Primer acuerdo para la asistencia religiosa en hospitales

Desde que se regulara el derecho a la asistencia religiosa islámica en centros hospitalarios en la ley de 1992, no se había llevado a cabo ningún convenio hasta ahora. En 2018 por primera vez una comunidad autónoma ha firmado un acuerdo con la Comunidad Islámica de España, señala el informe del Observatorio Andalusí.

Esa comunidad es Madrid y el convenio se firmó con la Consejería de Sanidad en diciembre pasado. La CIE lo valoró entonces como “un hecho muy positivo” y su presidente, Riay Tatary, espera que sirva como modelo para convenios con otras comunidades autónomas.

6. Delitos de odio contra musulmanes

El Código Penal establece los delitos de odio contra las minorías, es decir los ataques contra alguien por el hecho de pertenecer a un grupo social determinado. En 2017, las autoridades registraron 1.419 delitos de odio, casi un 12% más que en 2016, según el Ministerio del Interior. Los delitos de odio por cuestiones religiosas se incrementaron un 119%, aunque apenas superan el centenar (103 hechos registrados). Algunos expertos y asociaciones dentro de la comunidad musulmana no consideran la islamofobia un asunto únicamente ligado a la religión, sino también una cuestión racista, según lo cual también podría haber delitos de odio contra los musulmanes registrados en otra categoría.

En cualquier caso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska indicó recientemente en la presentación de estos datos que existe una «infradenuncia» de los delitos de odio en general. Representantes de las propias fuerzas de seguridad admiten que en parte se debe a la falta de confianza en ellos por parte de los ciudadanos.

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SOS Racismo ha denunciado esta semana la existencia de una «perfilación étnica» en las identificaciones policiales en Cataluña. Según una encuesta hecha a través de su web, las personas «racializadas» que más a menudo deben identificarse ante los Mossos d’Esquadra son las de origen magrebí o árabe (56%). Destaca que las estadísticas de los Mossos muestra que en los llamados «controles policiales de paso» a más de 17.000 extranjeros frente a cerca de 5.000 españoles.

Algunos sectores de la comunidad musulmana en España piden que se tipifique específicamente la islamofobia en la ley o que -al menos- se observe de forma diferenciada en las estadísticas, como ya sucede con el antisemitismo y el antigitanismo. Las asociaciones que solicitan esta tipificación -incluida la Asociación de Jóvenes Musulmanes de España– consideran que solo así se podrá combatir este fenómeno adecuadamente.

La Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia y el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska lo consideran innecesario, pues a su modo de ver coincide con la tipificación ya existente de delito de odio contra una minoría religiosa. El relator especial de la ONU sobre minorías, Fernand de Varennes, estuvo recientemente en España invitado por el Gobierno para evaluar la situación de los distintos grupos vulnerables. Para Varennes, en consonancia con las recomendaciones de la OSCE, sí que es «indispensable» desglosar los datos de los delitos de odio para poder darles una respuesta eficaz.

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