El plan prevé mejorar la asistencia y apoyo a las víctimas de este tipo de comportamientos, que son delictivos de acuerdo con la Ley. “Se trata de un fenómeno delictivo grave, más aún si tenemos en cuenta que ocho de cada diez delitos de odio no se denuncian, por lo que quedan impunes”, ha indicado el ministro del Interior.

Por ello, se crearán grupos especializados en la lucha contra los delitos de odio dentro de las áreas de Información de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Las medidas se organizarán en torno a ocho líneas de acción: la primera de todas, se centrará en la atención a las víctimas de los delitos de odio mediante mediante el desarrollo de herramientas específicas y el refuerzo de los servicios de asesoramiento, ha indicado Interior en una nota de prensa.

La segunda línea de acción espera mejorar la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a quienes también se formará en la materia para conseguir un mayor conocimiento y sensibilización al respecto. La prevención de los delitos de odio mediante nuevas herramientas que apoyen las investigaciones será otro de los ejes.

Asimismo, el plan prevé la colaboración con ONG y otras organizaciones del tercer sector dedicadas a la lucha contra los delitos de odio. El plan, que cuenta con un presupuesto de 1.073.425 euros para los próximos dos años, prevé ampliar igualmente la plantilla de la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD) del Ministerio del Interior

42% más de delitos de odio registrados

En 2021, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron 1.802 posibles delitos de odio, frente a los 1.272 investigados en 2016. En cinco años son 530 más, lo que representa un incremento de un 41,6%. Desde 2014, primer año en que se empezaron a registrar los delitos de odio en estadística oficial, 11.811 casos han sido objeto de investigación policial. 

Los delitos de odio relacionados o derivados de conductas racistas o xenófobas conformaron la mayor parte de los delitos registrados en 2021: 678, el 37,6% del total. Les siguieron los delitos de odio contra la orientación sexual e identidad de género (477, el 26,5%) y, en tercer lugar, los derivados de discriminaciones o ataques por ideología (336, el 18,6%).

El plan que Interior pone en marcha este miércoles supone la segunda fase del que se aprobó en enero de 2019.

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La separación de los delitos de “antigitanismo” del resto de delitos de odio racistas y xenófobos cumple con la petición de diversos representantes sociales de las comunidades gitanas y recomendaciones de organismos internacionales como la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA). “Con la finalidad de promover una mayor visibilización de determinados sectores de la población que pudieran estar sufriendo algún tipo de motivación de odio o discriminación, así como conocer el impacto que este tipo de delitos tienen en ellos, desde el Ministerio del Interior se ha visto la necesidad de desglosar del ámbito racismo/xenofobia un nuevo ámbito, denominado “antigitanismo”, en el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC)”, explica el Ministerio en un comunicado.

El “antigitanismo” se refiere a “todas aquellas acciones realizadas con motivaciones de discriminación, odio y estigmatización dirigidos contra las personas gitanas, así como el entorno de las mismas”. En los 14 casos conocidos por el Ministerio del Interior, hubo 12 víctimas.

Los otros dos delitos de odio que más han aumentado son el de “orientación sexual e identidad de género”, en un 8,6% con 278 casos conocidos en total; y el de “personas con discapacidad”, en un 4% con 26 casos conocidos.

66 delitos contra creencias religiosas sin detallar contra cuáles

En el caso de delitos contra las creencias religiosas, Interior indica que hay 66 casos conocidos –33 de ellos, contra centros religiosos-, pero las estadísticas no desglosan las religiones afectadas. Sí se sabe que ha habido al menos 5 víctimas de antisemitismo, según los registros de Interior, un tipo de delito que se registra por separado.

Organismos internacionales como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), a quien el propio informe se refiere como punto de referencia en los registros de los delitos de odio, recomiendan especificar los distintos grupos de minorías que pudieran ser objeto de delito de odio. Asociaciones españolas de ciudadanos musulmanes demandan desde hace tiempo que las estadísticas especifiquen la islamofobia como delito de odio, por similares motivos por los que actualmente se ha incluido el antigitanismo o de igual modo que se especifica el antisemitismo.

Es “indispensable” desglosar los datos de los delitos de odio en los distintos grupos étnicos y religiosos que son minoría en España, señaló el relator especial de la ONU sobre los derechos de las minorías tras visitar el país el año pasado. “Sería necesario saber en cuántos casos se han perseguido delitos del odio contra la comunidad musulmana [para] conocer la gravedad y extensión de este problema”, dijo Fernand de Varennes a preguntas de Salam Plan entonces.

En Alemania se especifican los delitos de odio por las distintas creencias religiosas desde 2017, incluidos los delitos contra musulmanes y cristianos. El antisemitismo se registra por separado desde hace más tiempo, como en España. Por otra parte, los delitos de racismo y xenofobia registrados en España también incluyen el aspectos religioso y cultural. Así, la islamofobia o el odio contra otras religiones también pueden quedar diluidos en los delitos que en 2019 aumentaron un 21%.

El propio informe de Interior define como delito de odio racista/xenófobo del siguiente modo: “cualquier incidente, que es percibido como racista o xenófobo por la víctima, o cualquier otra persona, incluido el Agente de Policía o cualquier otro testigo; aunque la víctima no esté de acuerdo, así como los actos de odio, violencia, discriminación, fobia y rechazo contra los extranjeros o personas de distintos grupos, debido a su origen racial, étnico, nacional, cultural o religioso”. El delito que se clasifica bajo “ideología” también incluye el aspecto cultural como motivación del agresor.

En el nuevo plan contra los delitos de odio presentado el año pasado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se anunció la persecución de quienes promuevan el odio contra musulmanes y judíos en las redes sociales. El informe actual indica que la mayoría de las víctimas de delitos de odio por creencias religiosas en internet fueron hombres (79%). Esta tendencia se repite en general, en todos los tipos de delitos de odio conocidos, donde aproximadamente 8 de cada 10 han sido cometidos por hombres y la mayoría de las víctimas han sido hombres.

Solo se denuncian 2 de cada 8 delitos de odio

El informe refleja los delitos “conocidos” denunciados ante las fuerzas de seguridad, pues Interior reconoce que muchos colectivos y minorías temen acudir a las fuerzas de seguridad a denunciar. Por ello, uno de los principales objetivos del ministerio que dirige Marlaska es superar la denominada “infradenuncia”.

La Agencia de Derechos Fundamentales de la UE considera que se trata de un fenómeno infradenunciado en una tasa del 80 por ciento, lo que se traduce en que de cada diez delitos de odio que se producen, las autoridades policiales, fiscales y judiciales solo tienen noticia de dos de ellos. Otros ocho, por tanto, quedan sin investigación e impunes, ha alertado el propio secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz.

En un intento de paliar el problema, Interior ha lanzado la campaña de concienciación #AcabaConElOdio y anima a denunciar no solo a víctimas sino también a testigos. “Los delitos de odio fracturan nuestra sociedad, no podemos ser meros espectadores”, ha defendido el secretario de Estado de Seguridad. Además, la aplicación de móvil AlertCops incorpora una nueva funcionalidad para facilitar una “inmediata conexión” con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el caso de ser víctima o testigo de un delito de odio.

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La Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes con sede en Málaga ha organizado este encuentro, que se celebra en la Facultad de Ciencias de la Educación de la universidad de esa ciudad, que prevé más de 300 asistentes.

“Se trata de un congreso muy oportuno (…). El nivel de intolerancia ha aumentado en los últimos años en nuestra sociedad”, manifestó Karoline Fernández de la Hoz, directora del Observatorio del Racismo y la Xenofobia, del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en su intervención inaugural el miércoles. El coordinador de la Lucha contra el Odio Antimusulmán de la Comisión Europea, Tommaso Chiamparino, recalcó que “España no está libre de esta tendencia”de una islamofobia creciente en la sociedad europea. Por ello, apuesta por “trabajar contra la islamofobia (…) para promover una visión de la sociedad abierta, inclusiva y diversa”.

La islamofobia en Europa

El Consejo Europeo y el Comité sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de la ONU define la islamofobia como una forma de racismo y xenofobia que se manifiesta a través de la hostilidad, la exclusión, el rechazo o el odio contra el islam, la población musulmana o los símbolos que tengan que ver con esta religión, recuerda la Asociación Marroquí en un comunicado. La islamofobia afecta también a las personas que no son musulmanas, pero son socialmente vistas como tal.

“Se trata de un fenómeno que ocurre sobre todo en zonas en las que la población musulmana es minoría, lo que sucede con mayor impacto en países occidentales”, ha manifestado Karima Ouald Ali, presidenta de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. El congreso se enmarca en el Programa Nacional de Prevención de la Islamofobia y “tiene el propósito de aportar herramientas para que la sociedad sepa detectar, reaccionar y prevenir actitudes y comportamientos islamófobos”.

Si bien es una ONG relacionada con la inmigración la organizadora de este congreso, conviene señalar que de los cerca de 2 millones de musulmanes que hay en España, el 43% son españoles, según estimaciones del Observatorio Andalusí. Es precisamente la “extranjerización” de quienes practican esta religión uno de los factores de islamofobia que señala el Observatorio español de la Islamofobia en los Medios en sus criterios de evaluación, de acuerdo con el británico Runnymede Trust.

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Según la Asociación Marroquí de Málaga, solo un 10% de los incidentes islamófobos son denunciados, de ahí la importancia de dar herramientas para trabajar en el desconocimiento de la población sobre la legislación vigente. La Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia señala que el 45% de las veces, sucede en las redes sociales. En los datos recogidos por esta plataforma en 2015 y 2016, los ataques contra población musulmana en España representaron cerca del 40% de los delitos de odio.

Sin datos oficiales de delitos de odio islamófobos

Pero no existen datos oficiales desglosados como delitos de odio islamófobos, ya que el Código Penal establece los delitos de odio contra las minorías en términos más generales, como delito de odio por motivo de raza, etnia o religión. Únicamente desglosa los delitos antisemitas, por cuestiones históricas, como señaló el ministro del Interior ahora en funciones, Fernando Grande-Marlaska, a una pregunta de Salam Plan sobre la posibilidad de diferenciar penalmente los delitos islamóbos. En aquella ocasión descartó tipificar este tipo de delitos de forma separada por considerarlo innecesario.

Sin embargo, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, indicó pocas semanas más tarde que el Gobierno estaba estudiando la posibilidad de combatir la islamofobia al mismo nivel que el antisemitismo. Es lo que piden organizaciones como la Asociación de Jóvenes Musulmanes de España y la Asociación Musulmana por los Derechos Humanos, lo que consideran en consonancia con las recomendaciones de la OSCE.

El relator especial de Naciones Unidas para las Minorías, Fernand de Varennes, también pidió este año a España que desglosara datos para poder conocer mejor la realidad y actuar en consecuencia, si bien no concretó si sería necesario introducirlo como delito de odio específico en el Código Penal. Alemania comenzó en 2017 a diferenciar los delitos de odio islamófobos en sus estadísticas.

La Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes lanzó en julio la aplicación ‘Islamofobia’, en la que se puede denunciar de forma anónima conductas que puedan incurrir en delitos de odio hacia la población musulmana. Esta herramienta acumula cerca de 400 descargas hasta el momento.

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“Juntos tenemos que compartir una lucha contra los mensajes de xenofobia, islamofobia, antisemitismo… en general contra los mensajes de odio. Juntar nuestras luchas contra el terrorismo y el extremismo, enemigo común”, ha manifestado en rueda de prensa Borrell tras su reunión con el representante de la Liga Árabe. Aunque ha reconocido que su breve reunión -de menos de una hora- no les ha dado tiempo a entrar en detalles de cómo luchar contra la islamofobia, ha subrayado que se trata de un «objetivo común”. Considera que con las medidas que ya hay en marcha «es suficiente», aunque se ha mostrado abierto a “cualquier iniciativa”.

Preguntado por Salam Plan sobre la tipificación legal de la islamofobia y la petición de Naciones Unidas para que registre los delitos de odio de esta naturaleza de forma separada*, el ministro de Exteriores ha asegurado estar barajando igualar su consideración a la del antisemitismo, que sí se observa como un delito particular de odio tanto en el Código Penal como en las estadísticas al respecto de estos delitos: “Por supuesto, estamos estudiando -porque nos parece razonable- que la islamofobia, como el antisemitismo, se considere una manifestación del odio hacia otros seres humanos y reciba la misma clase de condena”.

“Por supuesto, estamos estudiando -porque nos parece razonable- que la islamofobia, como el antisemitismo, se considere como una manifestación del odio hacia otros seres humanos y reciba la misma clase de condena”

Contradice así al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que recientemente manifestó a este medio en rueda de prensa la falta de necesidad de igualar la islamofobia al antisemitismo en el Código Penal, pues lo considera incluido como un delito contra las creencias religiosas, ya tipificado.

La Asociación de Jóvenes Musulmanes de España y la Asociación Musulmana por los Derechos Humanos reclaman la tipificación de la islamofobia para poder luchar apropiadamente contra ella y porque consideran que va más allá de un odio por motivos religiosos. Así lo reflejó también la definición de islamofobia de una comisión mixta del Parlamento británico, donde conservadores y laboristas se pusieron de acuerdo en que la islamofobia «es un tipo de racismo».

La Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia (PCCI) en España no está de acuerdo en el aspecto racializado del problema y defiende -como Marlaska- que los delitos de odio contra los musulmanes ya están incluidos en el Código Penal como parte de los delitos de odio contra creencias religiosas. La Plataforma, sí que coincide con otras asociaciones por los derechos de los musulmanes en registrar los delitos de odio islamófobo de forma separada en las estadísticas, cosa que no sucede actualmente. Esta asociación registra desde el año 2014 las denuncias en este sentido, pero depende de que los ciudadanos se las hagan llegar o de lo que observen en medios de comunicación y redes sociales.

La necesidad de reflejar legalmente la islamofobia por separado es clara tanto para Naciones Unidas como para la OSCE o los editores del Informe Europeo sobre la Islamofobia, cuya última edición se presentó este martes en Madrid.

“Sería necesario saber en cuántos casos se han perseguido delitos del odio contra la comunidad musulmana [para] conocer la gravedad y extensión de este problema”, explicó el relator especial de la ONU sobre los derechos de las minorías, Fernand de Varennes, tras visitar el país en enero. El desglose por grupos étnicos y religiosos en las estadísticas de los delitos de odio para él es “indispensable”. El relator, no ha querido pronunciarse por el momento sobre la necesidad o no de tipificar la islamofobia penalmente.

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Borrell ha afirmado este miércoles que “en España no tenemos muestras preocupantes de islamofobia”. Para él no existe “ningún síntoma de rechazo hacia los ciudadanos de religión musulmana”.

Los delitos de odio debido a las creencias religiosas a los que se refería Marlaska, registraron 103 casos en 2017, lo que supone un incremento del 119% respecto al año anterior. El propio ministro de Interior reconoció al presentar estos datos que existe una “infradenuncia” de los delitos de odio en general, en gran parte por la desconfianza hacia las autoridades en este sentido.

Por otra parte, Borrell ha dicho este miércoles que los inmigrantes de religión musulmana están “perfectamente integrados” en la sociedad española. Cabe recordar que el 43% de los musulmanes en España son españoles, de acuerdo con las estimaciones del Observatorio Andalusí. «El islam no ha llegado en patera, forma parte de la cultura europea», reivindicó el propio ministro de Exteriores en un evento en enero.

Josep Borrell ha condenado, como ya hiciera a través de un comunicado el pasado viernes, de forma «rotunda» y «absoluta» los atentados contra fieles musulmanes en dos mezquitas de Nueva Zelanda, que dejaron 50 fallecidos y otros 50 heridos. “Queremos creer que corresponden a la actuación de un individuo probablemente perturbado”, ha manifestado.

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El dirigente de la Liga Árabe ha considerado que «el mundo civilizado ya es bastante consciente» del fenómeno de la islamofobia», y ha recordado que el islam es una «religión abrahámica» -es decir, que cree en el profeta Abraham-, al igual que el cristianismo y el judaísmo. Considera que la islamofobia no va únicamente en contra del islam, sino que es el reflejo del «odio al otro, a aquel que no conozco».

«Por tanto, los musulmanes, cristianos y judíos en las sociedades se enfrentan a un extremismo de personas de la misma sociedad«, ha señalado. Para Aboul Gheit es «una cuestión de tiempo, cultura, educación y enseñanza».

Reconocimiento de Palestina

En otro orden de cosas, Josep Borrell ha indicado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha trabajado sobre la posibilidad del reconocimiento del Estado de Palestina “permanentemente”, pero no quería hacerlo en solitario sino conseguir un bloque de países que se sumaran.

“Algunos gobiernos europeos han reconocido a Palestina. Hay algunos países europeos que están considerando la posibilidad de avanzar en este terreno. Nosotros también lo estábamos considerando, pero no de manera aislada, sino con más países europeos”, ha explicado.

«Nosotros también lo estábamos considerando, pero no de manera aislada, sino con más países europeos»

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, ha manifestado que el reconocimiento es una «necesidad urgente y crucial”, pues asegura que los Territorios Ocupados están “soportando una presión muy fuerte por parte de [los Gobiernos de] Israel y Estados Unidos”.

Borrell ha respondido que es un asunto de “especial importancia para el Gobierno español”, pero ha señalado el periodo electoral y ha remitido a revisarlo tras el 28 de abril: “Estoy seguro de que tan pronto las elecciones tengan lugar y haya un nuevo gobierno, podemos considerar con mucho interés su planteamiento”.

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*FE DE ERRATAS: Artículo actualizado el 22/03/2019 con la explicación de la PCCI sobre el registro de la islamofobia por separado en las estadísticas. Además se corrige la información inicial que aseguraba que Naciones Unidas ha pedido la tipificación penal de la islamofobia, cuando lo que ha pedido por el momento es su registro separado en las estadísticas de los delitos de odio, a la espera de un estudio en profundidad de la situación española, que está en elaboración.

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Pero también hubo progresos puntuales en 2018, según el último Estudio demográfico de los musulmanes en España del Observatorio Andalusí, publicado esta semana. El presidente de la CIE, Riay Tatary, señala a Salam Plan que las comunidades autónomas se muestran más dialogantes para ofertar las clases de religión islámica que establece una ley de 1992, que se aprobó en paralelo a otras equivalentes para los derechos de evangélicos y judíos. Aun así, solo hay 76 profesores de religión islámicas para más de 312.000 alumnos en toda España.

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Por otra parte, por primera vez una comunidad autónoma ha aprobado la asistencia religiosa en hospitales para musulmanes, a pesar de que venía reflejado en esa misma ley de hace más de 25 años. Ésta es una radiografía dato a dato de los musulmanes en España, con las dificultades y los avances que se encuentran en la Administración en relación a sus creencias:

1. Dos millones de musulmanes y cerca de la mitad son españoles:

En España viven 1.993.675 de musulmanes, de acuerdo con los cálculos estadísticos de Ucide, que se basan en datos de las comunidades islámicas, los padrones municipales y el Instituto Nacional de Estadística (INE). En total, equivalen al 4% de los habitantes españoles y extranjeros en el país, una cifra que permanece estable con respecto a 2017.

El 43% de quienes profesan el islam en España, son españoles. Entre los musulmanes inmigrantes, la nacionalidad más habitual es la marroquí, que conforma un 38% del total de personas que profesan esta religión en España. Le siguen las personas procedentes de Pakistán, Senegal y Argelia.

2. Cataluña: la mayor población, pero sin clases de religión

533.600 ciudadanos de Cataluña son musulmanes, lo que la convierte en la comunidad autónoma con mayor población musulmana en números absolutos (porcentualmente Ceuta y Melilla tienen más). Sin embargo, es una de las cinco comunidades autónomas donde continúa sin haber ningún profesor de religión islámica en los centros públicos de enseñanza. El Observatorio Andalusí estima en más de 85,800 los alumnos musulmanes en sus aulas.

Ello a pesar de que en 1992 se aprobaron tres leyes con los representantes de las religiones evangélica, judía y musulmana para concretar sus derechos establecidos en la Constitución, que incluye el derecho a recibir clases de la religión que se profesa en un centro público si existe la demanda suficiente (la ley marca mínimo 10 peticiones por centro para un profesor). Son los llamados «Acuerdos de Cooperación del Estado» con los distintos representantes de las confesiones religiosas minoritarias con arraigo en España.

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La falta absoluta de profesorado de religión islámica en Cataluña es una situación recurrente que denuncia desde hace tiempo la Comisión Islámica de España (CIE), órgano oficial que ejerce de interlocutor con la Administración. Por ello, en una reunión de su Comisión Técnica de Educación el pasado diciembre constataron lo que consideran “fuertes trabas políticas para impartir religión en Cataluña”.

«Siempre hemos tenido contacto con ellos, desde la firma del convenio de enseñanza religiosa [en 1996]», señala el presidente de la CIE, Riay Tatary a Salam Plan. Cuenta que la primera condición que le pusieron fue que los profesores pudieran dar las clases en catalán, con lo que Tatary expresó que no había inconveniente alguno. De hecho, los profesores de religión islámica habilitados por la CIE para la Generalitat se han graduado en las universidades catalanas, subraya.

Sin embargo, «desde entonces no hay señales de vida», indistintamente de los distintos gobiernos que han pasado por el poder en Cataluña. «He hablado con todos los gobiernos que han pasado por ahí. Incluso hablé personalmente con alguno de los presidentes personalmente, y no hay ninguna contestación». ¿El motivo? Tatary asegura que lo desconoce.

Murcia es junto con Cataluña, la única comunidad autónoma, que no está “abierta” a la impartición de estas clases, indica el informe. Para Tatary, la situación «es igual». En estos dos lugares, se ha ofrecido a las autoridades que sean los propios padres interesados quienes paguen a los profesores, pero no se les ha autorizado. Se da la circunstancia de que Murcia es la quinta comunidad autónoma con más población musulmana: más de 105.000 habitantes y 18.500 alumnos.

«Se trata de un derecho fundamental. Es una ley que fue firmada por todos los grupos parlamentarios, tanto nacionales como regionales», recuerda Riay Tatary.

«Se trata de un derecho fundamental. Es una ley que fue firmada por todos los grupos parlamentarios, tanto nacionales como regionales»

— Riay Tatary, Comisión Islámica de España

Cuenta que todos los años manda una carta recordando el convenio que existe para impartir clases de religión islámica, y «no hay una contestación ni de Murcia ni de Cataluña». El presidente de la CIE cuenta que «hace unos años» hubo contactos y estaban «muy esperanzados», pero finalmente quedó en agua de borrajas y desde entonces solo hay «silencio», denuncia.

Aunque Tatary pone el foco sobre Cataluña y Murcia, lo cierto es que Madrid y la Comunidad Valenciana tampoco tienen profesores de religión islámica de acuerdo con la proporción de alumnado musulmán. Solo hay tres y un profesor de religión islámica respectivamente, a pesar de estar entre las cinco comunidades autónomas con mayor población musulmana. Andalucía, la segunda comunidad autónoma con mayor población, tiene a 23 profesores en su plantilla.

3. 76 profesores para 312.500 alumnos, pero con más disposición por parte de las Comunidades Autónomas

El 90% del alumnado musulmán no recibe clases de su religión a pesar de las leyes y “solo doce autonomías cumplen solo unos mínimos legales”, denuncia el informe del Observatorio Andalusí. En total hay 76 profesores contratados en toda España para un alumnado de 312.498 alumnos musulmanes. Solo uno de estos profesores imparte clases en Secundaria; se encuentra en La Rioja.

A pesar del bajo número, proporcionalmente hubo un aumento significativo en 2018, pues son 15 más que un año antes. Esto se debe a que en el presente curso escolar han comenzado a ofrecerse clases de religión islámica en Extremadura, la Comunidad Valenciana y La Rioja.

Aunque Navarra anunció que también lo haría, de momento no ha podido ser. Desde el departamento de Educación de la comunidad foral indican a Salam Plan que solicitaron a la Comisión Islámica en Navarra un listado de profesores una vez que conocieron la demanda, de acuerdo con la Ley de 1992. Pero «hasta fecha de hoy esta Comisión ha informado al Departamento que no puede ofrecer personas con la titulación legalmente necesaria para realizar su función educativa, al igual que está ocurriendo con otras comunidades autónomas». Tatary explica que exigen la carrera de Magisterio o Grado de Enseñanza a los profesores de religión, pero la CIE únicamente dispone de licenciados en su bolsa de profesores allí.

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Baleares, Asturias y Cantabria son otras tres comunidades autónomas donde aún no hay ningún profesor para impartir esta materia, pero están en conversaciones con la CIE. Tatary considera un gran avance la disposición que existe ahora por parte de casi todas las comunidades autónomas a impartir la enseñanza religiosa islámica donde haya demanda.

4. El 95% de las comunidades islámicas no tienen cementerio

Al igual que otras religiones, el rito musulmán para enterrar a los fallecidos tiene sus especificidades, como enterrarlos sin ataúd. Pero a menudo a los musulmanes españoles o residentes en España les resulta imposible cumplir con su fe e incluso se ven forzados a repatriar los cadáveres a sus países de origen, si son inmigrantes.

Y es que el 95% de las comunidades islámicas carecen de cementerios donde poder enterrar a sus muertos de acuerdo con sus creencias. A pesar de ello, Tatary indica que «con los cementerios hemos avanzado mucho», pues desde que se firmó el Acuerdo de Cooperación hace más de 25 años ha pasado de haber 4 cementerios a existir 35 cementerios en toda España. Indica que en las grandes ciudades las autoridades están sensibilizadas al respecto.

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Los ciudadanos musulmanes sí pueden enterrar a sus muertos según su rito en Ceuta, Melilla, Comunidad Valenciana, País Vasco, Asturias, Madrid o Andalucía. En esta última comunidad autónoma el reglamento de la Policía Sanitaria Mortuoria recoge que “en aquellos casos en que, por cuestiones de confesionalidad, así se solicite y se autorice por el Ayuntamiento, (…) podrá eximirse del uso del féretro para el enterramiento, aunque no para la conducción”. Por otra parte, hay dos cementerios pluriconfesionales en Alcobendas (Madrid) y Riba-Roja de Túria (Valencia).

El Informe Anual sobre la situación de la Libertad Religiosa en España elaborado por el Ministerio de Justicia, la Comisión Islámica de España señala al municipio de Badajoz “entre los casos enquistados en el tiempo” y asegura que se niega “reiteradamente a enterrar a musulmanes respetando su rito”.

5. Primer acuerdo para la asistencia religiosa en hospitales

Desde que se regulara el derecho a la asistencia religiosa islámica en centros hospitalarios en la ley de 1992, no se había llevado a cabo ningún convenio hasta ahora. En 2018 por primera vez una comunidad autónoma ha firmado un acuerdo con la Comunidad Islámica de España, señala el informe del Observatorio Andalusí.

Esa comunidad es Madrid y el convenio se firmó con la Consejería de Sanidad en diciembre pasado. La CIE lo valoró entonces como “un hecho muy positivo” y su presidente, Riay Tatary, espera que sirva como modelo para convenios con otras comunidades autónomas.

6. Delitos de odio contra musulmanes

El Código Penal establece los delitos de odio contra las minorías, es decir los ataques contra alguien por el hecho de pertenecer a un grupo social determinado. En 2017, las autoridades registraron 1.419 delitos de odio, casi un 12% más que en 2016, según el Ministerio del Interior. Los delitos de odio por cuestiones religiosas se incrementaron un 119%, aunque apenas superan el centenar (103 hechos registrados). Algunos expertos y asociaciones dentro de la comunidad musulmana no consideran la islamofobia un asunto únicamente ligado a la religión, sino también una cuestión racista, según lo cual también podría haber delitos de odio contra los musulmanes registrados en otra categoría.

En cualquier caso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska indicó recientemente en la presentación de estos datos que existe una «infradenuncia» de los delitos de odio en general. Representantes de las propias fuerzas de seguridad admiten que en parte se debe a la falta de confianza en ellos por parte de los ciudadanos.

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SOS Racismo ha denunciado esta semana la existencia de una «perfilación étnica» en las identificaciones policiales en Cataluña. Según una encuesta hecha a través de su web, las personas «racializadas» que más a menudo deben identificarse ante los Mossos d’Esquadra son las de origen magrebí o árabe (56%). Destaca que las estadísticas de los Mossos muestra que en los llamados «controles policiales de paso» a más de 17.000 extranjeros frente a cerca de 5.000 españoles.

Algunos sectores de la comunidad musulmana en España piden que se tipifique específicamente la islamofobia en la ley o que -al menos- se observe de forma diferenciada en las estadísticas, como ya sucede con el antisemitismo y el antigitanismo. Las asociaciones que solicitan esta tipificación -incluida la Asociación de Jóvenes Musulmanes de España– consideran que solo así se podrá combatir este fenómeno adecuadamente.

La Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia y el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska lo consideran innecesario, pues a su modo de ver coincide con la tipificación ya existente de delito de odio contra una minoría religiosa. El relator especial de la ONU sobre minorías, Fernand de Varennes, estuvo recientemente en España invitado por el Gobierno para evaluar la situación de los distintos grupos vulnerables. Para Varennes, en consonancia con las recomendaciones de la OSCE, sí que es «indispensable» desglosar los datos de los delitos de odio para poder darles una respuesta eficaz.

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«Sería necesario saber en cuántos casos se han perseguido delitos del odio contra la comunidad musulmana [para] conocer la gravedad y extensión de este problema», ha dicho Fernand de Varennes en una rueda de prensa este viernes en Madrid. Lo ha citado como ejemplo de las distinciones que se deben hacer en las estadísticas sobre los delitos de odio, en consonancia con las recomendaciones de organismos internacionales, ha subrayado. La OSCE es uno de esos organismos.

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El experto en derechos de las minorías de Naciones Unidas ha lamentado que no existan datos por religión ni pertenencia étnica en las estadísticas oficiales y lo ha calificado de «carencia». «Sin esos datos no siempre es posible diseñar políticas eficaces, que corresponden a la necesidad de la población», ha recalcado.

Asimismo ha señalado que resulta necesario saber qué grupos son blanco de los ataques también en los discursos de odio en redes sociales.

«Sería necesario saber en cuántos casos se han perseguido delitos del odio contra la comunidad musulmana para conocer la gravedad y extensión de este problema»

Sí está desglosado el antisemitismo y a partir de ahora también se evaluará independientemente el antigitanismo en las estadísticas de los delitos de odio, como informó recientemente Salam Plan. El resto de minorías que sufren ataques están englobadas en términos como racismo, ideología o creencias religiosas.

El plan contra los delitos de odio que presentó Interior recientemente prevé llevar un registro de la simbología de grupos radicales en los discursos de odio en internet, entre los que -aquí sí- incluirán a los «musulmanófobos» igual que a los antisemitas. Es la única de las 47 medidas del plan que menciona a la minoría musulmana, que supone un 4% de la sociedad española.

La Asociación de Jóvenes Musulmanes de España y la Asociación Musulmana por los Derechos Humanos reclamaron precisamente al ministro que también aparezcan en las estadísticas los delitos islamófobos para poder proteger mejor a las víctimas.

¿Tipificación de la islamofobia?

Estas asociaciones también piden la tipificación de la islamofobia en el Código Penal por el mismo motivo, aunque no existe consenso al respecto en la comunidad musulmana. La Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia, que ha participado en la elaboración del plan de Interior junto a otros representantes de minorías, no está de acuerdo y coincide con el ministro Fernando Grande-Marlaska, en que no es necesario.

Éste argumentó al presentar su plan que la islamofobia ya se observa en el Código Penal como delito de odio contra una creencia religiosa. El antisemitismo es la única tipología religiosa diferenciada de forma particular por la ley a este respecto por motivos históricos, señaló.

El relator especial de la ONU no ha querido pronunciarse por el momento sobre la necesidad o no de tipificar la islamofobia penalmente. Su declaración de hoy responde únicamente a un informe preliminar tras una visita de diez días a España invitado por el Gobierno español para evaluar los derechos humanos de las minorías.

Para ello se ha reunido con representantes de la Administración y de la sociedad civil de minorías étnicas, como gitanos o afrodescendientes, con minorías lingüísticas y también con representantes musulmanes.

Advertencia contra la técnica de perfiles étnicos en seguridad

«España ha hecho muchos esfuerzos contra el uso de perfiles étnicos», ha manifestado De Varennes. Sin embargo, en sus entrevistas con gitanos y personas afrodescendientes le han informado de que sufren «muchos incidentes que emplean esta técnica». Interior le ha asegurado que trabajan con las fuerzas de seguridad para evitar que se produzcan esos casos. El relator ha recomendado a España que redefina lo que significa ser discriminado según la ley, ya que considera que la «definición de la discriminación es bastante limitada» en la normativa española.

Los representantes musulmanes con los que se ha reunido -sin citar quiénes, siguiendo la política de la ONU- le han transmitido que la situación de la minoría musulmana «va relativamente bien», pero De Varennes ha reiterado que «es demasiado pronto» para sacar conclusiones definitivas.

El informe final y mucho más detallado lo elaborará a lo largo del año -recopilando más información- y se presentará en marzo de 2020.

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La Asociación Musulmana por los Derechos Humanos (AMDDHH) ha emitido un comunicado para responder al ministro. Asegura que «la islamofobia es un fenómeno complejo y multifacético que no se puede reducir a intolerancia religiosa, racismo ni xenofobia». Argumenta que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) recomienda «los delitos de odio antimusulmán deben ser monitorizados en una categoría criminal separada para habilitar una respuesta a medida al fenómeno”.

«La no tipificación supone una gran contradicción entre lo que Europa solicita y lo que España decide o no entregar, visibilizar y mejorar”

— Aurora Ali, Asociación Musulmana por los DDHH

«La no tipificación supone una gran contradicción entre lo que Europa solicita para mejorar la situación de las comunidades musulmanas y lo que España decide o no entregar, visibilizar y mejorar», asegura Aurora Ali, portavoz de AMDDHH.

Considera que los musulmanes sufren un agravio comparativo frente a otras minorías religiosas o étnicas que sí se observan de forma particular en España. Por una parte, el Código Penal tipifica el antisemitismo como un delito de odio particular. Por otra parte, el nuevo plan contra los delitos de odio incorpora la monitorización específica de los delitos de antigitanismo, aunque no estén tipificados legislativamente. La Asociación asegura que «el racismo antimusulmán» tiene una «complejidad y particularidad» diferenciados.

El secretario general de la Asociación de Jóvenes Musulmanes de España (AJM), Hisham Muhammad, también se muestra decepcionado con la decisión de Interior. Señala que la islamofobia «sí debería estar tipificada como delito, ya que existe un odio específico contra el islam y los musulmanes». Afirma que es continuamente señalada en medios de comunicación, redes sociales y por Vox. Muhammad pide «crear mecanismos para prevenir y subsanar el problema» antes de que siga creciendo.

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Indica que el nivel de los discursos de odio contra los musulmanes es especialmente elevado y «visceral» en el mundo virtual y pide que la ley lo tenga en cuenta. El nuevo plan de Interior sí menciona en una ocasión a los «musulmanófobos«, precisamente como ejemplo de «grupos radicales» a los que perseguirá en las redes sociales por promover el discurso del odio.

«La libertad de expresión es sagrada, pero eso no da derecho a una persona a tratarme de una forma vejatoria o a insultarme por mis creencias»

— Hisham Muhammad, Jóvenes Musulmanes de España

El representante de la AJM afirma que «la libertad de expresión es sagrada, pero eso no da derecho a una persona a tratarme de una forma vejatoria o a insultarme por mis creencias». Recuerda que así lo establece la Constitución y pide que «la ley evolucione» acompasada con la evolución de la sociedad y que proteja de forma específica a los musulmanes. En España hay cerca de dos millones de musulmanes, el 43% de ellos, españoles.

Fuentes de la Comisión Islámica de España, máximo órgano representante de los musulmanes en el país e interlocutor con el Estado, reconocen a Salam Plan que Interior no se reunió con ellos para la elaboración del plan contra los delitos de odio. Sin embargo, rechazan pronunciarse sobre la tipificación de la islamofobia por el momento. Esperan mantener un encuentro que sí está previsto con representantes del Gobierno de otra cartera, si bien sin fecha.

Nadie se reunió tampoco con la Asociación de Jóvenes Musulmanes de España, posiblemente la asociación de musulmanes con más arraigo a nivel nacional. Interior sí ha colaborado para elaborar el plan, entre otras organizaciones representantes de minorías, con Movimiento contra la Intolerancia. En él participa la Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia, que rechaza la necesidad de una tipificación penal específica para los musulmanes.

La Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia coincide con Marlaska

Preguntado por Salam Plan sobre una posible tipificación de la islamofobia durante la presentación del plan contra los delitos de odio el martes de esta semana, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó que el antisemitismo está regulado de forma particular en el Código Penal debido a sus «circunstancias históricas concretas», en referencia al Holocausto.

«Eso no quiere decir que cualquier ataque a una profesión religiosa no esté cubierto por el ámbito penal. Las profesiones religiosas están todas ellas integradas: sea islamofobia, sea cristianofobia, sea cualquier manifestación evidentemente de ataque o vulneración del derecho de una persona por el hecho de profesar una concreta religión», declaró.

La presidenta de la Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia (PCCI), Isabel Romero, se muestra de acuerdo con Grande-Marlaska y señala que «no tiene mucho sentido reivindicar ahora mismo el tema de la islamofobia; está encuadrada en el Código Penal como creencia religiosa». La Plataforma sí que coincide con otras asociaciones por los derechos de los musulmanes en registrar los delitos de odio islamófobo de forma separada en las estadísticas, cosa que no sucede actualmente.

Para Romero, «lo que hay que hacer es trabajar e impulsar la Ley Integral de los Delitos de Odio» en la que trabaja el Ministerio del Interior. Se prevé que amplíe el marco sancionador a asuntos como la difamación o noticias falsas sobre las distintas minorías especificadas en el Código Penal, que serán sancionadas, cosa que actualmente no sucede.

Recientemente, una comisión mixta del Parlamento británico presentó un informe en el que establecía la definición de «islamofobia» después de medio año de investigación con distintos actores sociales. La copresidenta de la comisión y diputada conservadora, Anna Soubry, argumentó que es «necesario» acordar una definición para poder «erradicar» el fenómeno. El documento compartido por conservadores y laboristas aclaraba a su vez que no se trataba de censurar la libertad de expresión ni la crítica al islam.

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Se trata de una de las 47 medidas incluidas en el nuevo plan contra los delitos de odio presentado esta semana por el Ministerio del Interior. En un apartado dedicado a los discursos de odio en la Red, el documento prevé la “creación de una base de datos común sobre simbología de grupos radicales” y cita como ejemplos aquellos que sean “homófobos, racistas, antisemitas, musulmanófobos”. Está previsto que las fuerzas de seguridad elaboren la base de datos en el último cuatrimestre de este año.

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El objetivo de esta base de datos es «fomentar la investigación de los delitos de odio en red», indica el documento. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró en la presentación del plan que «el discurso del odio [supone] la antesala de los delitos de odio».

La citada medida es la única en la que el plan de Interior se refiere explícitamente a los delitos de odio contra los judíos o contra los musulmanes, lo que da una idea de la relevancia que suponen los delitos de odio en las redes contra estos colectivos.

Los delitos de odio contra creencias religiosas se incrementaron un 119% en 2017 con respecto al año anterior, según datos oficiales. Si bien, algunos colectivos musulmanes señalan que el ataque contra una persona que practica el islam conlleva connotaciones de tipo racista o ideológico, hechos que se evalúan por separado en las estadísticas del Ministerio.

“Cuando se ataca a un ser humano, se ataca a todas las personas”, manifestó el ministro Fernando Grande-Marlaska durante la presentación. A una pregunta de Salam Plan sobre la posibilidad de tipificar de forma particular la islamofobia en el Código Penal, el ministro respondió negativamente. Lo ve innecesario, pues considera que forma parte del delito de odio contra las creencias religiosas, ya estipulado.

El antisemitismo sí está tipificado de forma separada por motivos históricos, explicó el ministro. El nuevo plan contra los delitos de odio incorpora, además, el antigitanismo.

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En 2017 hubo 1.419 delitos de odio, casi un 12% más que en 2016. El ministerio del Interior destinará 472.500 euros hasta 2020 a este plan.

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Los delitos de odio registrados no conforman ni un 0,5% del total, pero Fernando Grande-Marlaska considera prioritario trabajar por la igualdad, como valor central de una sociedad democrática. «Cuando se ataca a un ser humano, se ataca a todas las personas», ha manifestado. Además, considera que las bajas estadísticas se deben a que se denuncian poco los delitos de odio: “Hay infradenuncia por miedo, vergüenza, pero también por la desconfianza».

Ese es otro de los aspectos que busca mejorar el plan presentado este martes, centrado en cuatro ejes destinados a las fuerzas de seguridad: formación, prevención, atención a las víctimas y la respuesta a los delitos de odio. Contrarrestar el discurso del odio en redes sociales también conformará una parte importante del plan.

Casi un 10% de las víctimas son menores de edad. Los delitos de odio por cuestiones religiosas se incrementaron un 119% en el año 2017 con respecto al año anterior, según los datos expuestos por el ministro.

La intención del plan es que los cuerpos de seguridad nacionales puedan colaborar también con las policías autonómicas y locales, aunque durante la presentación no se ha especificado cómo.

Grande-Marlaska descarta tipificar la islamofobia de forma particular

El ministro del Interior entiende que el odio antimusulmán ya está penalizado como delito de odio contra las creencias religiosas en el Código Penal y considera innecesario tipificarlo de forma específica como sí sucede con el antisemitismo. Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta de Salam Plan durante la presentación de un plan de acción contra los delitos de odio.

El antisemitismo está regulado de forma particular en el Código Penal debido a sus «circunstancias históricas concretas», ha justificado Fernando Grande-Marlaska en referencia al Holocausto. «Eso no quiere decir que cualquier ataque a una profesión religiosa no esté cubierto por el ámbito penal. Las profesiones religiosas están todas ellas integradas: sea islamofobia, sea cristianofobia, sea cualquier manifestación evidentemente de ataque o vulneración del derecho de una persona por el hecho de profesar una concreta religión», ha declarado el ministro.

Ha declarado que «la sociedad española se ha enriquecido gracias a la diversidad». «Quienes creemos en los principios que rigen la democracia, creemos en los derechos de las personas a mostrarse tal como son”, ha indicado.

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Al menos 52 condenados habrán cumplido su condena entre 2019 y 2022 en las prisiones españolas, señala un informe del centro de investigación Real Instituto Elcano (RIE); en 2026 ya habrán salido de la cárcel un total de al menos 73 condenados. Por otra parte, desde 2015 y hasta ahora ya han sido excarcelados 20 individuos.

Las cifras de excarcelados afines a grupos como Al Qaeda o Daesh “son menores que las que afectan a países de nuestro entorno”, apuntó el director del Programa sobre Radicalización Violenta y Terrorismo Global del RIE, Fernando Reinares, en la presentación del informe “Yihadismo y prisiones: un análisis del caso español” este miércoles.

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De hecho, su estudio desvela que “solo el 7% de individuos condenados o muertos en nuestro país entre 2004 y octubre de 2018 son reincidentes después de pasar por prisión o incluso cumpliendo condena”. Son 14 de un total de 199. Todos los reincidentes eran españoles o cumplían condena en España antes de ser expulsados a sus países de origen en caso de ser extranjeros, para lo cual existe un plazo mínimo.

Desde 2012 hasta la actualidad, los reincidentes son principalmente individuos que, tras salir de la prisión, reclutaban e incluso entrenaban combatientes extranjeros para enviarlos a Siria o Irak, explicó Reinares.

Los domicilios privados, principal ámbito de radicalización

“Todos los individuos radicalizados en el ámbito de prisiones son hombres”, apuntó la investigadora principal de terrorismo del RIE, Carola García-Calvo. Y ello, pese a que las mujeres ya suponen más del 6% de condenados o muertos por actividades relacionadas con el terrorismo afín a grupos como Daesh o Al Qaeda; la primera condenada fue en 2015.

De todas maneras, García- Calvo destacó que el 10,5% del total de condenados o muertos entre 1996 y octubre de 2018 se radicalizaron en prisión, por lo que no es el principal ámbito de radicalización. «Los domicilios privados –el 53,9%–, los lugares de culto –38,8%–, los locales comerciales –30,3%– o los espacios al aire libre –29,6%– [están] entre los entornos de radicalización offline. Queda igualmente muy por debajo de los ámbitos de radicalización online –el 52%–, que a menudo se combinan con otros offline«, señala el informe.

Evitar la reincidencia y radicalización de todo tipo

Para evitar la reincidencia, desde 2008 Instituciones Penitenciarias manejan un manual para la “detección y control de la radicalización” de todo tipo de terrorismos. El seguimiento se realiza a condenados en relación a ETA, GRAPO, Resistencia Galega o el terrorismo denominado “yihadista” o también presos por delitos comunes que muestren signos de radicalización afin a estos grupos. Así lo explicó José Luis López Novo, jefe del Servicio de Intervención de Instituciones Penitenciarias durante el foro de terrorismo global organizado anualmente por el Real Instituto Elcano y celebrado el miércoles en Madrid.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho este jueves en los desayunos informativos de Europa Press que si bien «el terrorismo continúa siendo una preocupación constante por el terrorismo global, hoy el Estado de derecho ha derrotado a ETA».

Las medidas de prevención de la radicalización son muchas más que el citado manual, incluido un “programa de tratamiento” para la desradicalización, como en otros países europeos. También se recurre a la dispersión de presos por cualquier tipo de terrorismo para tratar de evitar el contacto entre ellos o con otros presos por delitos comunes a los que puedan adoctrinar. Esta última medida no se lleva a cabo en Cataluña, única autonomía con independencia en la gestión carcelaria.

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López Novo aseguró en el foro celebrado el miércoles que desde Instituciones Penitenciarias permanecen alerta ante la posible “irrupción de otros extremismos violentos” para identificarlos en su fase incipiente. Sin embargo, al ser preguntado por Salam Plan si ya habían identificado algún otro “extremismo violento” en las cárceles españolas, la respuesta fue negativa.

Sin embargo, el director del área de Inteligencia Penitenciaria de Cataluña, Manel Roca, apuntó que allí están poniendo en marcha el programa ARREL para la prevención de la radicalización “ya sea de procesos yihadistas, de ultraderecha o bandas latinas”. Roca considera necesario este enfoque, porque “no estigmatiza una cultura”. Para contribuir a la desradicalización, Cataluña introducirá también la figura del mentor, una persona de referencia, externa al entorno penitenciario y que pertenezca a la comunidad o entorno del condenado.

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