La Fiscalía Provincial de Barcelona acusa a 15 personas de llevar a cabo “una campaña de hostigamiento físico a la comunidad musulmana de Nou Barris”. Los hechos citados por la Fiscalía incluyen amenazas de muerte, agresiones y el amedrentamiento para impedir el derecho a la libertad religiosa consagrado en la Constitución. El fiscal de delitos de odio y discriminación ha pedido la apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial contra los 15 acusados, cuya actuación enmarca en movimientos de “extrema derecha” e “islamofobia”.

Son los 15 que han podido ser identificados como presuntos autores de hechos concretos, están acusados de llevar a cabo una “interesada” campaña “sistemática y mantenida en el tiempo, con una frecuencia al menos semanal” entre marzo de 2017 y marzo de 2018. El escrito de la Fiscalía considera a Alberto Bruguera, líder de Democracia Nacional en Cataluña, “máximo responsable”.

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Los hechos a juzgar conforman dos delitos imputados a la mayoría de los acusados: un delito de coacciones para impedir un derecho fundamental y un delito cometido relacionado con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicos. A ello se suma el agravante de cometer presuntamente los delitos por una motivación de discriminación religiosa e ideológica, recogido en el artículo 22.4 del Código Penal.

Para 10 de los acusados, la Fiscalía pide 3 años y 1 día de prisión. Para otros tres, 6 años. Para Bruguera pide un total de 8 años y medio de prisión, ya que es quien está acusado de más delitos: además de los arriba mencionados, al líder de Democracia Nacional se le acusa de dos delitos de amenazas graves, un delito leve de lesiones y un delito de maltrato. Además pide que paguen un total de 30.000 euros a la comunidad musulmana de Nou Barris por “daños y sufrimientos morales”.

Detalles de los hechos: desde continuos sabotajes a las instalaciones a amenazas de muerte

El escrito de acusación asegura que dicha campaña se basaba en “diversas acciones hostiles de acoso y hostigamiento (…) hacia el colectivo musulmán del barrio de Nou Barris” de Barcelona, tanto de forma presencial como por internet. Considera que los acusados aprovecharon de forma “oportunista para la promoción y difusión de sus ideas excluyentes” las protestas de una parte de los vecinos contra la apertura de una mezquita.

La Fiscalía señala que el centro de culto contaba con las licencias pertinentes, pero que algunos vecinos protestaban porque temían “problemas de convivencia, ruido, aparcamiento y/o espacio en la vía pública”. El escrito afirma que los acusados, “militantes y simpatizantes” de grupos de extrema derecha, como Democracia Nacional, se infiltraron en las caceroladas convocadas por algunos vecinos, tomaban la palabra con sus megáfonos y adquirieron un “rol protagonista”. Ninguno de los acusados era del barrio, y muchos tampoco eran de Barcelona.

Estima que “con sus reiteradas y provocativas acciones trataban de, por un lado, manipular políticamente y exaltar a los vecinos”. Tenían presuntamente así el “firme propósito de incrementar la frecuencia y la intensidad de las protestas, y alimentar prejuicios y estereotipos contra los musulmanes en general, así como generar (…) sentimientos de rechazo, odio y hostilidad” contra ellos.

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La Fiscalía les considera responsables de la campaña con mensajes de odio pegados sobre la fachada del local destinado a la mezquita con consignas como “Esta es nuestra tierra y vamos a defenderla”, “6 millones de parados, 6 millones de inmigrantes a su casa. Recuperemos nuestro país”, “España cristiana, no musulmana-DNJ” o “Mezquita no” con manchas de pintura roja simulando sangre.

El escrito de acusación enumera hasta 30 hechos como parte de la campaña islamófoba. Parte de los acusados están identificados como autores de amenazas como “vamos a por vosotros” o “vamos a por ti” en el caso de uno de los vecinos del barrio que apoyaba abiertamente la apertura de la mezquita en el ejercicio de la libertad religiosa que rige en España. El escrito señala que a otra persona le dijeron: “Estás muerto, te voy a arrancar la cabeza, como te rías te mato”.

Los hechos citados por la Fiscalía incluyen también agresiones físicas, la pegada de los citados adhesivos, pintadas, la colocación de heces de perro, el bloqueo de la cerradura con silicona, concentraciones no autorizadas que al menos en una ocasión incluyeron consignas como el saludo nazi y salvas a Hitler o carteles con el escudo preconstitucional de España, difusión de contenidos racistas y xenófobos en redes sociales, entre otros.

La acusación establece que los 15 acusados son “militantes y simpatizantes” de grupos de extrema derecha; y cita a Democracia Nacional, Democracia Nacional Joven (DNJ), Generación Identidad, Legión Urbana, Frente Visigodo y Somos Catalanes. Apunta que “muchos de ellos” emplean una estética y simbología relacionada con skinheads, ideología nazi y “nacional catolicista”.

La Fiscalía estima que los acusados consiguieron “amedrentar” a la comunidad musulmana de Nou Barris para posponer la construcción de la mezquita a pesar de cumplir todos los requisitos legales. Una vez abierto el templo islámico, la campaña siguió, en contra del “libre y legítimo ejercicio del Derecho de Libertad Religiosa” que establece la Constitución y los tratados internacionales firmados por España.

Entre abril y mayo de 2018, el juzgado de instrucción número 21 de Barcelona acordó una orden de alejamiento para el jefe de Democracia Nacional y otros cinco de los acusados. Desde entonces, “cesaron los hechos y se restableció la pacífica convivencia en la calle Japón”.

Previamente, se había ordenado el cierre cautelar de los perfiles públicos en redes sociales de cuatro de ellos. Ahora la Fiscalía, solicita el cierre definitivo y permanente de los perfiles de Alberto Bruguera y otros cuatro acusados más.

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El tesorero de Ucide, la federación islámica que más asociaciones aglutina en el país, ha declarado esta mañana en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Después, ha decretado su ingreso en prisión y se mantiene el secreto de las actuaciones. Su ingreso en prisión se produce tras la operación del martes en la que la Policía detuvo a tres personas; las otras dos personas han sido puestas en libertad.

Una de ellas es el presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), Aiman Adlbi, que fue puesto en libertad «con la obligación de comparecer en el Juzgado cuando se le cite», según detallaron fuentes policiales a este medio. Adlbi emitió un comunicado en su propio nombre y el de la CIE en el que mostraba su «confianza en la Justicia» y recalcaba su apuesta por la «paz y convivencia».

A pesar de la puesta en libertad, las diligencias continúan abiertas, y la Policía ha comunicado este jueves que los tres detenidos son sospechosos de «presunta participación en un delito de financiación terrorista utilizando como cobertura la recaudación de donativos de ayuda humanitaria para niños huérfanos sirios«.

Acusados de desviar donativos solidarios para la financiación de Al Qaeda

Los arrestados están acusados de «recaudar donativos solidarios a través de una asociación cultural y dirigir una parte a zonas ocupadas por milicias de Al Qaeda con el objetivo de sufragar a sus combatientes». Así, la Policía indica que la operación del martes desmanteló «una organización acusada de instrumentalizar una ONG para financiar  las actividades de combatientes terroristas».

Según la investigación, canalizaban las cantidades de dinero desde España – aportadas de buena fe entre los simpatizantes de un centro cultural islámico– hasta una ONG con actividad en zona de conflicto. Además, la Policía señala que usaban el dinero presuntamente para sufragar los gastos de un centro escolar de niños huérfanos en zona de conflicto, cuyas actividades se dirigían a instruir a futuros terroristas.

Durante la operación el pasado martes, se realizaron cuatro entradas y registros, en los cuales se intervino «numerosa documentación, dinero, efectos y soportes técnicos que están siendo analizados por los investigadores».

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*Salam Plan lamenta enormemente el error en la información inicial, basada en fuentes judiciales. Rogamos disculpen la confusión.

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«Debemos expresar nuestra confianza en la Justicia, cualesquiera que sean las sospechas», ha señalado en una nota de prensa emitida esta tarde en nombre de la Comisión Islámica y en el suyo propio tras su detención el martes en el marco de una investigación antiterrorista. Si bien ha mostrado comprensión por la investigación, Adlbi ha rechazado «el contenido de las sospechas acusatorias, lejanas y ajenas al sentir y trabajo religioso islámico«.

Esta mañana fue puesto en libertad tras haber declarado ante la Policía, según habían indicado fuentes policiales a Salam Plan. Adlbi señala su «gran disgusto» por que la Policía haya llevado a cabo «el extremo de la detención». Considera que «se podía haber resuelto con entrevista», ya fuera en la sede de la Comisión Islámica de España en Madrid o bien en la comisaría.

Ha subrayado la «confianza en los Tribunales de Justicia» de la Comisión que representa a la vez que ha abogado por su trabajo «en paz y convivencia». Ha manifestado estar «a disposición» de los creyentes musulmanes y de la sociedad en general para una «labor como hermanos y conciudadanos con intereses comunes, por la paz y el progreso».

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La palabra “sharía” significa camino o senda en árabe e implica “la suma total de deberes, obligaciones y guías para los musulmanes”, según lo describe Azim Nanji en su Dictionary of Islam (Ed. Penguin Books). Toma forma a partir de tres elementos: el Corán, la sunna o tradición, basada en las experiencias y mensajes atribuidos al principal profeta del islam, Mohammed (los hadices); y el fikh o la jurisprudencia establecida por pensadores musulmanes de referencia en cada época y lugar. (Para saber más, haz clic AQUÍ).

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De esa misma premisa histórica de la adaptación al tiempo y al lugar parten las propuestas de los expertos de este y del otro lado del Mediterráneo reunidos en el congreso organizado por la Fundación Euroárabe de Altos Estudios (Fundea) sobre la sharía en el siglo XXI:

1. Integración no es asimilación

Tareq Oubrou es imán de la mezquita de Burdeos (Francia) y un referente académico en el país vecino, el segundo Estado de la Unión Europea con mayor población de ciudadanos musulmanes (un 8,8% frente al 11% de Bulgaria, según datos de 2016). Defiende que es necesaria una “integración” en la cultura del lugar donde se vive, pero no una “asimilación”. “Hay que volver a la esencia del islam como religión y hay que adaptarse al contexto diferente aquí en Occidente”, opina. “El racismo, la violencia… estas cuestiones no las acepta el islam. Pero lamentablemente algunas fatuas (decretos) que nos llegan desde fuera pueden atentar contra el orden público”, avisa.

El modelo laicista en Francia crea importantes críticas por quienes lo consideran islamófobo, al prohibir -por ejemplo- el uso del velo en lugares o empleos públicos a mujeres musulmanas que deseen llevarlo. Para Oubrou el laicismo francés es el “resultado de una guerra feroz con la Iglesia católica” que aún hoy manifiesta sus consecuencias. “El modelo francés es de asimilación y no de integración. Es un modelo uniformado, (que) ha tenido éxito con los católicos y con los judíos parcialmente. Pero no ha funcionado con los musulmanes”, sostiene.

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El imán de Burdeos considera que la Ley francesa protege la libertad de culto, pero es la sociedad francesa quien en la práctica impone un modelo laicista que excluye lo religioso y al que le preocupa la expansión del islam. “No puedes hacer que una persona abandone su identidad, su memoria, sus raíces. Los musulmanes se integran de buen grado, pero esto no entra en contradicción con sus creencias espirituales”, explica.

Oubrou pide que no se confundan cultura y política con creencias religiosas e indica que el profeta Mohammed rechazó el título de Rey cuando se le ofreció en La Meca. En su opinión, ejerció dos papeles bien diferenciados que no se deben mezclar: la de “mensajero de Dios” y “jefe de Estado” respetando, por ejemplo, también la religión y normas de los judíos con quienes convivían.

2. Imanes del lugar donde predican

Al igual que la Iglesia católica ha traído curas de otros continentes a Europa por falta de vocaciones sacerdotales aquí, la comunidad musulmana también trae a imanes de otros países. Si bien no siempre es por falta de vocaciones aquí. Quien fuera imán de la mezquita de Granada, Ahmed Bermejo, tiene claro que para aplicar la sharía es esencial respetar “los usos y costumbres del lugar en el que cada uno reside”. Por eso aboga por que “los imames sean de la tierra, conozcan las culturas y las leyes”. Si bien opina que en realidad, “la gran mayoría de los valores humanos actuales van en concordancia con los valores islámicos”.

La Comisión Islámica de España acordó recientemente “la necesidad emergente del dominio del idioma español para poder adentrar a la comunidad y a la sociedad de forma aceptable y eficiente” y continuar con la enseñanza del española los imanes que vengan de otro país… Una campaña lanzada en febrero por algunos miembros destacados de la comunidad musulmana como el ex secretario general de la Asociación de Jóvenes Musulmanes de España, Hisham Muhammad, pide que el español sea el idioma predominante en las mezquitas, frente al árabe.

Bermejo anima a “esa segunda generación cuyos padres han emigrado a España” a “liderar” la adaptación a los nuevos tiempos. “Deben formar parte activa de la sociedad, que la juventud musulmana empiece a asumir su papel, con un islam basado en unos puntos correctos y el entendimiento de la sociedad y el mundo en el que nos encontramos”.

“Tenemos una buena reserva de imanes autóctonos (…). El problema no radica en su origen, sino en el contenido de su formación”

Tareq Oubrou, imán de Burdeos (Francia)

Hace solo un par de semanas, el presidente francés, Emmanuel Macron anunció que no permitiría más llegadas de imanes de fuera. “Tenemos una buena reserva de imanes autóctonos (…). El problema no radica en su origen, sino en el contenido de su formación”, responde Tareq Oubrou. Explica que en Francia hay “numerosos imanes de segunda generación” que se han formado en Marruecos, Argelia, Túnez y luego volvieron.

Lo que existe, según Oubrou, es más bien un problema en su formación. Reclama nuevos materiales para ello, una modernización de la jurisprudencia de referencia para un contexto actual, global e intercultural: “Hay que suavizar la sharía, reformar el concepto seco. Hay que introducir el contexto de la alteridad. Ahora vivimos en sociedades internacionales. Antes el islam dialogaba consigo mismo; ahora el islam se ha globalizado, igual que lo ha hecho el cristianismo o la economía”.

3. Buscar una identidad propia a cada lado del Mediterráneo

Desde el año de las revoluciones árabes en 2011, son muchas las voces que han reivindicado buscar su propio camino sin calcar las democracias europeas. Y así lo expone también el teólogo Hmida Ennaifer, teólogo y profesor en la Universidad Zitouna de Túnez, hablando de la aplicación de la sharía en el siglo XXI:

“Nosotros, en el mundo árabe, estamos obsesionados con dos cosas, sobre todo desde las revoluciones (de 2011): el miedo por la modernidad, como si se nos fuese a escapar. No, la hacemos nosotros; no la importamos como un coche. Y luego está el miedo por el islam. Es otra cuestión, que no tiene que ver: (en realidad es) el miedo a perder un sistema determinado que valía en un momento determinado. Vivimos una crisis de creatividad en el mundo árabe”.

“En el mundo árabe estamos obsesionados con dos cosas: el miedo por la modernidad, como si se nos fuese a escapar y el miedo por el islam, a perder un sistema determinado”

Hmida Ennaifer, teólogo y profesor en la Univ. Zitouna de Túnez

Elena Arigita es profesora de Estudios Semíticos en la Universidad de Granada y la primera mujer no musulmana que impartió clases en la Universidad de Al Azhar en El Cairo, lugar de referencia para el islam suní. Recuerda que el concepto de ciudadanía es algo distinto en el islam, pues la identidad musulmana se establece por su pertenencia a la umma, la comunidad global de los musulmanes. Pero eso no significa que se pueda generalizar y que los musulmanes sean “monolíticos” ni que su religión sea el único rasgo definitorio de quienes practican el islam.

Mientras “el Estado está definiendo y delimitando las maneras de ser musulmán, (estos creyentes) también están definiendo y delimitando cómo ser musulmán en Europa”, con sus distintas identidades, subraya.

4. Igualdad de la mujer: los casos de Túnez y Marruecos

Ibn Arabi, uno de los máximos sabios de referencia de Al Ándalus y para los musulmanes, dijo que “una sociedad que no tiene en cuenta a la mujer, es una sociedad condenada al fracaso”. Así lo recordó la jurista e investigadora sobre los derechos de la mujer, Ana Silva, en el congreso sobre la sharía en el siglo XXI. Sin embargo, la sharía a menudo se ha aplicado y se sigue aplicando con interpretaciones o normas que llevan a la discriminación de la mujer en asuntos como el matrimonio o la herencia, señalan los conferenciantes.

Leila Haddad es una destacada abogada tunecina que defendió durante ocho años de manera altruista a los activistas de la Revolución de los Jazmines en su país, que impulsó las revoluciones árabes de 2011. Hoy es diputada en el Parlamento tunecino, en el único país donde el levantamiento ha llevado al fin de un régimen autoritario. Haddad explica que actualmente hay un “gran debate en Túnez sobre la igualdad, especialmente entorno a la herencia”, un tema que -explica- también levanta ampollas en otros países árabes. Asegura que “hay muchas familias en Túnez que dejan testamento y en él hay igualdad. Pero actualmente se busca un texto específico en la ley para garantizarlo”.

“Hay muchas familias en Túnez que dejan un testamento y en él hay igualdad. Pero buscamos un texto específico en la ley para garantizarlo”

Leila Haddad, abogada y diputada tunecina

En un repaso a la historia de Túnez en la segunda mitad del siglo pasado, Haddad demuestra los avances hacia la igualdad de la mujer en las leyes de este país de mayoría musulmana. En 1956 se reformó el Código de Familia, que dio a la mujer el derecho a elegir esposo, prohibió la poligamia y estableció que los divorcios debían solucionarse ante los tribunales. En 1993 unas enmiendas a este código consiguieron nuevos avances: “se liberó a la mujer del principio de obediencia a su esposo y lo sustituyó por el respeto mutuo entre los cónyuges”. Otro hito fue la ley contra la violencia de género en 2017, ya en el marco de la Constitución tunecina de 2014.

La actual Carta Magna tunecina se basa en los principios de la sharía a la vez que en otros textos jurídicos, como el derecho internacional y los tratados internacionales. “La sharía es una (de las) fuente(s) de legislación (en Túnez). Los profesores de Derecho Constitucional consideran que la mayoría del pueblo tunecino es musulmana, (pero) el segundo principio de la Constitución (establece que) prevalece el principio de ciudadanía”, resume la abogada y diputada. Denuncia el “discurso extremista de corrientes salafistas” y considera que “la lucha verdadera está en el concepto efectivo de la sharía, o cómo se instrumentaliza por los partidos islamistas para tener poder”.

Haddad defiende que “se pueden cambiar las reglas de la herencia para llegar a la finalidad coránica de la verdadera justicia, en sintonía con el espíritu (de la sharía)”. Ha cuantificado en cuatro casos aquellos en los que -según el Corán- la mujer hereda la mitad que el hombre, pero hay otros diez casos en los que hereda más que el hombre. Y en ocho casos, heredan lo mismo.

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Abderrahim Anbi es sociólogo y profesor en la Universidad Ibnou Zohr de Agadir (Marruecos). Lleva años investigando sobre el terreno la situación de la mujer rural en su país. “Siempre me encontraba ante el mismo problema: la mujer trabaja sin parar, contribuye en el desarrollo de la economía familiar, pero es la que menos percibe o tal vez no percibe nada a cambio”, expone. El artículo 49 del Código de Familia marroquí afirma que tanto el marido como la mujer tienen derecho a gestionar las finanzas y cada cual puede conservar su independencia financiera.

Pero Anbi denuncia que los casos que ha observado en los tribunales marroquíes demuestran que ese artículo no se aplica en el caso de la mujer rural. “Se supone que la mujer tiene que tener un ingreso visible, mientras la que mujer que trabaja en el campo hace un trabajo invisible, el trabajo doméstico. Los alfaquíes [juristas o sabios de la sharía] consideran que entra en el marco de sus competencias, que tiene que ver con su naturaleza”, lamenta.

“Siempre me encontraba ante el mismo problema: la mujer rural trabaja sin parar, pero es la que menos percibe”

Abderrahim Anbi, sociólogo y profesor de la Univ. Ibnou Zohr de Agadir (Marruecos)

Sus tareas diarias incluyen cocinar, preparar el pan, lavar la ropa, salir a trabajar al campo, traer el agua, el pasto para los animales, en algunas zonas fabrican jarapas, crían gallinas… “Y el marido es quien vende los productos y pone el dinero en su bolsillo y 30 años después [en un divorcio] la mujer se encuentra sin nada, en la calle”, denuncia. Explica que el juez pide documentos que certifiquen el trabajo de la mujer, que no puede demostrar la labor que ha hecho. Por ello, propone que los trabajadores sociales evalúen y observen su trabajo como notarios del trabajo de la mujer rural y así poder darles el derecho de acceso a sus bienes.

La profesora Lidia Fernández de la Universidad de Salamanca, destaca en su repaso al sistema judicial marroquí que los Consejos de Ulemas (sabios) creados en 1981, se “feminizaron” con la llegada al siglo XXI. En 2005 se nombró a las primeras ulemas, pero Anbi recuerda que cuando la ulema Asma Lamrabet reclamó que hubiera un reparto igualitario en las herencias, fue expulsada del consejo. Para este sociólogo es primordial la movilización social para conseguir la igualdad verdadera entre hombres y mujeres en el sistema legal marroquí.

5. No puede haber una justicia paralela

En el Reino Unido se ha permitido en los últimos años que existan tribunales de la sharía, según la entiendan -además- quienes rijan en esos tribunales. La politóloga Elham Manea de la Universidad de Zúrich ha estudiado el ejemplo británico con gran preocupación. “El experimento británico ha vulnerado muchos derechos de las mujeres y lo ha dejado en manos de clérigos, muchas veces fundamentalistas”, asegura.

Los tribunales de la sharía británicos que ella ha estudiado, casan y divorcian al margen de la ley británica, pero con el beneplácito o la luz verde de ésta. En la práctica, sostiene, esto se traduce en la discriminación de los derechos de la mujer cuando llega el momento del divorcio. Manea asesoró en un estudio del canal británico Channel 4 en 2017 sobre estos tribunales de la sharía. Resultó que el 60% de los matrimonios casados por esa vía no habían sido registrados por lo civil. En muchos casos, explica, no lo hicieron por desconocimiento. Pero en otros casos no lo hicieron, por desinterés: los fundamentalistas consideran a los tribunales británicos infieles y por tanto no tienen validez. “En muchos casos, los esposos engañan a sus esposas, porque saben que por lo civil ellas tendrán más derechos y ellos no podrán casarse con otra. Se trata de juzgados centrados en conflictos familiares no están siendo supervisados por el Estado”, advierte la politóloga.

“El experimento británico con tribunales de la sharía ha vulnerado muchos derechos de las mujeres y lo ha dejado en manos de clérigos, muchas veces fundamentalistas”

Elham Manea, politóloga y profesora de la Univ. de Zúrich (Suiza)

Elham Manea, que es musulmana de doble nacionalidad suiza y yemení, es muy crítica con la experiencia británica y rechaza que en Suiza se adopte un modelo similar, como ha propuesto otro profesor suizo. “¿Cuáles son las normas de la sharía en Reino Unido? ¿Las de Yemen? En Yemen hay un artículo que dice que no puedo salir de casa sin su conocimiento (el del marido), que tengo que hacer tareas domésticas, no hay edad mínima para casarse y tengo que cumplir con el sexo. El único criterio (para el matrimonio infantil es) si la niña es físicamente apta para cumplir (con sus) obligaciones sexuales. La realidad de Yemen se ha trasladado a Gran Bretaña”, afirma indignada.

Manea afirma que “la aplicación de la sharía en la familia en ámbitos occidentales no es adecuado (…). Fui a Reino Unido y vi que hay varias leyes ortodoxas y buscan expandir sus ideas de islam político”. Para Elham Manea no hay duda de que permitir tribunales de la sharía en este ámbito por “contentar a los sectores más fundamentalistas” es un error.

6. Mejorar la enseñanza y alejar la sharía del castigo

Mohamed Abdelouahab Rafiqui, conocido como Abou Hafs, fue imán en Casablanca (Marruecos). Pero también estuvo en prisión nueve años por hechos relacionados con el terrorismo. Allí estudió y cambió por completo su visión violenta e impositiva del islam y la sharía. Salió en 2012 y actualmente es un comentarista de referencia en los medios marroquíes y trabaja con otros presos.

“Una de las causas del extremismo es la ignorancia. Hemos trabajado con jóvenes con un nivel de educación mínimo”, indica. Su receta para las autoridades es más educación, con fuentes diversas para obtener información.

“Una de las causas del extremismo es la ignorancia. Hemos trabajado con jóvenes con un nivel de educación mínimo”

Mohamed Abdelouahab Rafiqui – Abou Hafs, antiguo preso desradicalizado

Durante el tiempo que pasó en prisión tuvo la ocasión de hablar a menudo sobre la sharía con los extremistas encarcelados. “La ideología que adoptan es producto del convencimiento de que la sharía es un arsenal jurídico, leyes. No se refieren a los conceptos debatidos aquí (en el congreso de Granada)”. Los presos con los que él discutía hablaban “directamente del castigo corporal, amputación de miembros, también cuestiones penales en el Corán y la sunna. Son sinceros en su fe, creen que sus ideas son correctas y están dispuestos a dar su vida”.

“Consideran que combatir a aquellos que no creen en Dios es paladino, una orden directa. Si les aportan otras interpretaciones, no las aceptan. Cuando les dices que el combate es defensivo, dicen: ‘no, esto no es así’”, cuenta. Rafiqui no duda de que fue “la escuela de la literalidad del texto (la que) creó el problema, porque no deja lugar a la interpretación”. Para él, es clave explicar “cómo la realidad social en un determinado ámbito produce la ley, que después puede cambiar. No podemos pensar que hay unos textos inalterables”.

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Quien fuera también imán en Casablanca, subraya que “la mayoría de estos textos que dicen que tienen que ver con la sharía, no tienen nada que ver con la religión, sino con la jurisprudencia: muchos han aparecido después del Corán y la sunna (tradición)”. Subraya, además, que las azoras o capítulos del Corán surgieron de forma paulatina como respuesta a hechos determinados. “Por ejemplo, cuando en el Corán se dice que maten a los infieles cuando los encuentren… Esta aleya (verso) habla sobre un hecho concreto y solo se refiere a ese hecho concreto”.

Por otra parte, señala que la jurisprudencia islámica también recogió costumbres o normas anteriores a la religión musulmana: amputar la mano del ladrón se hacía en una tribu antes del nacimiento del islam; las leyes de la herencia también existían en algunas tribus árabes; o también se prohibía el combate durante el mes que se consideraba sagrado. “El islam fue una revolución a nivel de dogma; en cambio a nivel social y local respetó lo previo o incluso incluyó algunas mejoras”, defiende.

7. Una fuente jurídica más

El director del Master de Democracia y Derechos Humanos en la Universidad Ibnou Zohr de Agadir (Marruecos), Rachid Guedira, defiende que “el Estado patrocina todas las religiones en Marruecos y Túnez”, donde “la sharía no es la fuente principal” de derecho, sino los tratados internacionales, distintos edictos y decretos, los legisladores…, como indicaba la abogada y diputada tunecina Leila Haddad.

El artículo 2 de la Constitución de Túnez estipula que es un Estado no religioso. En 2011, en Marruecos se eliminó el artículo 19, porque suponía “una constitución dentro de la Constitución”: decía que el monarca acudiría a la ‘institución de los creyentes’ ante un problema para el que no encontrara solución. Pero a la vez admite que la sharía impregna asuntos de la vida diaria de la sociedad marroquí: “En Marruecos hay debate sobre la libertad de culto y la libertad de no ayunar; o la cuestión de la herencia. Algunos consideran que es un mero detalle, pero no lo es”, sostiene Guedira.

“No se puede comprender el islam fuera de su contexto histórico”

Leila Haddad, abogada y diputada de Túnez

Lidia Fernández señala que la sharía sí sigue siendo predominante en el sistema legislativo de Marruecos, donde el Ministerio de Hadices y Asuntos Islámicos creado en los años 50 del siglo pasado es “uno de los más estables y relevantes para el Gobierno”. Fernández indica que este Ministerio cuenta con mayores recursos humanos y materiales, medios de comunicación, instituciones de formación superior… Y destaca: “El rey decide cuáles son los hadices que se hacen oficiales”.

Haddad incide en que “no se puede comprender el islam fuera de su contexto histórico”. Reivindica el ijtiyad, que se refiere al esfuerzo interpretativo en sintonía con el contexto para lograr valores de justicia e igualdad. Se muestra preocupada por tener a más de un 20% de diputados “salafistas yihadistas” en el Parlamento tunecino y pide que se considere “el verdadero concepto del islam como una religión que une a todos”.

Una idea en línea con la arabista española Luz Gómez, que propone “pensar la sharía como una categoría filosófica y no como una parcela de lo musulmán y aún menos de lo árabe”.

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“Si hay algo seguro, es que la Policía ha intentado dejarme ‘fuera de servicio’”, ha asegurado Martine Landry durante su visita a Madrid para participar en la presentación de un informe de Amnistía Internacional sobre el “castigo a la solidaridad en Europa”. Su caso se remonta a julio de 2017. Cuenta que mientras ejercía de observadora de esta organización, fue testigo de “una devolución masiva” de 156 potenciales solicitantes de asilo por parte de la Policía y de otras 74 personas -entre las que contabilizó a 14 menores- detenidas en un registro.

“Si hay algo seguro, es que la Policía ha intentado dejarme ‘fuera de servicio’”

La operación se prolongó durante dos días: “Me di cuenta al día siguiente de que dos policías italianos acompañaban a pie a cuatro personas, de las que yo sabía que eran menores. Los policías italianos dijeron a los franceses: según la Convención Internacional de los Derechos del Niño os toca a vosotros encargaros de ellos. Yo sabía muy bien que la Policía francesa no iba a hacer lo que debía, porque tienen por costumbre devolver a las personas a Italia por tren”.

Además, denuncia que lo que espera a los migrantes al volver a Italia son “proxenetas y traficantes que van a abusar de ellos y obligarles a trabajar”.

“Yo sabía muy bien que la Policía no iba a hacer lo que debía, porque tienen por costumbre devolver a las personas a Italia por tren”

En aquel caso, Martine Landry contactó con asociaciones y abogados italianos para poder “repatriar (a estos menores) a Francia y proteger sus derechos”. El tribunal que la ha juzgado ha certificado que así fue, de acuerdo con el marco legal.  Ella siguió las indicaciones de los abogados y acudió a la frontera, permaneciendo en suelo francés, para atender a estos dos menores a su llegada. “Les llevé a la Policía para que llamaran a los servicios de protección de la infancia y dije que no me movería de allí. Eso es lo que ocurrió y, por tanto, facilité que se aplicara la ley”.

Denuncia detenciones en función de la apariencia y en condiciones de “tortura”

Tres días más tarde le comunicaron que el Tribunal Penal abría diligencias contra ella, porque una agente de la Policía francesa la acusaba de haber acompañado a estas personas a cruzar la frontera, lo que implicaría haber estado al otro lado. “Pero no es verdad. Lo pude demostrar y me absolvieron. Les esperé al otro lado de la frontera”, subraya ahora.

Su labor como observadora continúa mientras espera a ver qué sucede con el recurso. Van por parejas cada tres horas a la última estación de tren en el lado francés antes de llegar a Italia y observan el trabajo de la Policía fronteriza así como de una brigada especial (CRS).

Landry denuncia una gestión “totalmente discriminatoria” en la estación de Menton, donde -según su experiencia- se detiene a todo aquel que pueda aparentar ser migrante irregular y un potencial solicitante de asilo. ¿Cómo? Fichando a “todas las personas de origen africano”, desde las 5 de la mañana hasta la media noche, cada día. “Los CRS vigilan todo: quién hay en los baños, los tejados, el cuarto de luces… miran a ver si hay personas que parecen ser migrantes en situación irregular. Los llevan a la policía (fronteriza) y ellos deciden si se les devuelve a Italia. Nunca se les pregunta si son solicitantes de asilo”. Esa es una de las premisas del derecho internacional.

“Mantienen presas a 30/40 personas en un sitio muy, muy angosto. Sin comida, sin agua, sin posibilidad -incluso- de tumbarse”

Los observadores de la frontera franco-italiana actúan en nombre de ONG como Cáritas, Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras. Calculan que hay unas 30 personas al día afectadas, a las que retienen en los puestos de la Policía fronteriza. “De noche, o incluso a la luz del día, mantienen presas a 30/40 personas en un sitio muy, muy angosto. Sin comida, sin agua, sin posibilidad -incluso- de tumbarse. Son torturadas, porque los gasean con gas pimienta. Los violentan, los insultan”, describe esta activista septuagenaria. Pero el recurso contra ella no la amedrenta y advierte: “Nuestra observación aporta pruebas y podemos llevarlos a los tribunales”.

En los últimos dos años, según el informe de Amnistía Internacional, la mayoría de los los solicitantes de asilo y migrantes cruzan la frontera alpina por miedo a su futuro en Italia, exasperación tras largo tiempo sin obtener una respuesta a su petición o por la falta de oportunidades de encontrar trabajo aun habiendo obtenido protección de refugiados.

El documento presentado este martes bajo el título Castigo a la compasión: la solidaridad a juicio en la Fortaleza Europa, denuncia que “la Policía y las fiscalías hacen un uso indebido de leyes contra el contrabando y medidas antiterroristas de por sí deficientes contra defensores y defensoras de los derechos humanos”. Recogen casos de dos personas en Grecia que pasaron meses en prisión provisional por ayudar a solicitantes de asilo a no morir ahogados y llegar a la isla de Lesbos; una de estas personas era una joven siria que también iba en la embarcación en peligro. También hay guías de montaña, curas y pastores protestantes entre los que tienen cuentas pendientes en los tribunales de distintos países europeos. En España son conocidas las retenciones del Open Arms en el puerto de Barcelona o en Italia, donde les han llegado a acusar de traficar con personas.

Open Arms y Libia

Anabel Montes es jefa de misión a bordo del barco de la ONG de socorristas españoles. Ella estaba al mando cuando el 15 de diciembre de 2018 llevaron a cabo dos rescates casi seguidos de unas 120 personas en el Mediterráneo. “Si no las hubiéramos sacado de allí, estarían muertas todas”, asegura. Pero una patrullera de los denominados “guardacostas libios” interfirió en el rescate y amenazó con matarles si no les devolvían a las mujeres y niños que ya habían rescatado, según el relato de Montes. En aquella ocasión obtuvieron permiso para desembarcar en Sicilia dos días después. Pero están acusados de “organización criminal y favorecer la inmigración clandestina”.

Los llamados “guardacostas libios” están supuestamente bajo el mando del único Gobierno del país reconocido internacionalmente, que no consigue controlar territorio en un país sumido en una cruenta guerra civil. Italia y la Unión Europea acordaron hace años la formación y el equipamiento de sus guardacostas, pero organizaciones internacionales presentes en Libia y pertenecientes a Naciones Unidas han denunciado repetidamente las condiciones nefastas en las que detienen automáticamente a quienes supuestamente rescatan, un verbo que incluso estas organizaciones toman con pinzas al informar al respecto y que en ocasiones sustituyen por “interceptar”.

Amnistía Internacional pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que reformen las leyes nacionales y europeas sobre facilitación de entrada, tránsito y estancias irregulares para incluir en la definición del delito la búsqueda del beneficio material. Defiende que “de este modo se impediría el uso indebido de la legislación para castigar actos de solidaridad y humanidad”.

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La sentencia del Constitucional hace especial hincapié en esa “neutralidad” que debe mostrar la Justicia en la sala. Sin embargo, reconoce que este derecho colisiona con el de la libertad religiosa “y otros derechos básicos” de la denunciante. Por ello, no prohíbe per se llevar el velo a las pasantes que lo porten, sino que permite que el juez o jueza se lo prohíba si lo estima oportuno.

La sentencia es la respuesta a la demanda de una ciudadana del Estado federado de Hesse, una mujer germano-marroquí que lleva hiyab y denunció su caso durante su formación como pasante (su identidad no ha trascendido, pues en la sentencia hecha pública solo figura que es doctora -en el sentido académico-: “Frau Dr. E”). Así, vio también afectada no solo su libertad religiosa sino también su formación académica.

La presidenta de la Alianza para la Acción de Mujeres Musulmanas en Alemania, Gabriele Boos-Niazy comentó recientemente a Salam Plan que medidas como ésta provocan la islamofobia creciente en Alemania y atentados como el de Hanau. “Desde hace más de 20 años nos vemos, como mujeres musulmanas con velo, una y otra vez enfrentadas a prohibiciones profesionales, que siempre se argumentan igual: un observador ‘objetivo’ podría tener la impresión de que la portadora del pañuelo no respeta la Constitución y pretende un ‘Estado de Dios’. En resumen, que quiere infiltrarse y destruir el sistema democrático”, denunciaba.

“Desde hace más de 20 años nos vemos, como mujeres musulmanas con velo, una y otra vez enfrentadas a prohibiciones profesionales”

— Gabriele Boos-Niazy, Alianza para la Acción de Mujeres Musulmanas

Un aspecto positivo para Boos Niazy es que el Tribunal Constitucional del país diera luz verde no hace mucho, y tras más de una década de litigios, a que las maestras musulmanas que quisieran pudieran llevar pañuelo en escuelas y guarderías. Pero lamenta que actualmente se haya prohibido cubrirse la cabeza en la carrera judicial, medida tomada en algunos Estados federados.

El Constitucional argumenta ahora que en la escuela debe “reflejarse la pluralidad religiosa de la sociedad”, mientras que “en la Justicia el Estado se presenta al ciudadano desde la superioridad clásica”. Entre las tareas de un pasante del tribunal, está levantar el acta del juicio o ejercer tareas de apoyo -como la investigación- a los jueces, según la definición de Bachelor Print.

En Baviera hace un año se tomó una decisión similar a la anunciada este jueves: allí se puede solicitar tanto juezas como abogadas que se quiten el velo durante los juicios. La presidenta de la citada asociación de mujeres musulmanas de Alemania lo considera una clara discriminación hacia las mujeres musulmanas que llevan velo y los hombres judíos con kipá.

La sentencia aplica en teoría de igual manera a cualquier símbolo religioso. La decisión ha sido acogida con agrado por algunos ciudadanos, que lo consideran efectivamente parte de la neutralidad del Estado. Otros ciudadanos denuncian discriminación hacia los musulmanes, u otras religiones. Un tuitero que se define como “antiracista” pide, por ejemplo, que se retiren entonces las cruces que presiden algunas salas de los tribunales alemanes.

Si bien Salam Plan no ha podido comprobar la veracidad de ésta y otras imágenes que ha compartido, sí representan la realidad de que los tribunales alemanes pueden mostrar un crucifijo en sus salas. En un artículo de Süddeutsche Zeitung dedicado a los crucifijos en los tribunales y fechado en el año 2016, se explicaba lo siguiente: el Tribunal Constitucional estableció en 1973 que nadie puede ser forzado a enfrentarse a una causa judicial “contraria a sus convicciones religiosas o ideología bajo la cruz”.

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«Creía haber tenido derecho a todo: ¡pues no! ¡Por haber denunciado los horrores de Daesh con tuits, la ‘justicia’ me somete a un examen psiquiátrico! ¿Hasta dónde van a llegar?», ha lamentado.

«Es verdaderamente ALUCINANTE. Este régimen REALMENTE empieza a dar miedo», ha añadido junto a la foto de la comunicación judicial.

En ella se le asigna también un médico para realizar la evaluación y se le comunica que tiene diez días para nombrar un médico de su elección que realice el examen junto al ya designado.

La orden de someterse a un «examen psiquiátrico» se basa en un artículo del Código Penal francés, que trata de proteger a los niños de imágenes violentas, pues la condena se debe a unos tuits de diciembre de 2015 en los que la líder del partido ultraconservador incluyó imágenes como al decapitado periodista estadounidense James Foley. Una foto que ya hubo de retirar tras la petición de su familia, recuerda la cadena Al Jazeera.

>>> También puedes leer: Atropellan a musulmanes en Londres a su salida de una mezquita<<<

Otras imágenes difundidas desde su cuenta de Twitter mostraban al piloto militar jordano que fue quemado en una jaula y a un soldado sirio siendo arrollado por un tanque, recuerda el diario francés Le Monde. Todos ellos asesinados por Daesh, el grupo terrorista autodenominado ‘Estado Islámico’.

El tribunal ha encomendado al psiquiatra designado determinar si Le Pen «está en condiciones de comprender los comentarios y responder las preguntas». También deberá establecer si la política francesa muestra «anomalías mentales o psíquicas», decir si la política es «peligrosa» y si puede «comprometer el orden público». También pide valorar una posible terapia.

Le Pen no acudirá

El abogado de Marine Le Pen, David Dassa–Le Deist, ha defendido en un comunicado que la líder del Frente Nacional se limitó a tuitear imágenes «libremente accesibles por internet». Asegura que la condena se basa en una norma destinada a proteger a los menores contra los pedófilos, el maltrato y para no poner en peligro a los menores. Ha asegurado que encuentra «absurdo ver a la dirigente del primer partido de la oposición convocada a un examen psiquiátrico obligatorio». Por ello ha calificado la condena de «artificial y, sobre todo, partidaria» y ha defendido la libertad de expresión.

Así, su abogado ha indicado que Le Pen no acudirá a la cita y solicitarán que sea una «testigo asistida» en esta causa, una figura judicial que concede mayores derechos a los testigos durante un proceso.

La causa contra Le Pen se abrió por la «difusión de un mensaje violento, pornográfico o contrario a la dignidad susceptible de ser visto o percibido por un menor», un delito que puede llevar a tres años de prisión y 75.000 euros de multa, ha explicado Le Monde. Los exámenes médicos están previstos por el Código Penal en estos supuestos.

El polémico ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha mostrado su apoyo en la misma red social a Marine Le Pen tras conocerse la noticia.

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Aún no se sabe dónde tendrá que cumplir las dos décadas en prisión a las que le ha condenado la Justicia belga este lunes por disparar contra los agentes junto a otro terrorista llamado Sofiane Ayari, que ha recibido igual condena. Abdeslam consiguió huir en aquella ocasión, tras herir a cuatro policías junto a su compañero. Pero solo tres días más tarde -en marzo de 2016- fue detenido en la misma ciudad.

«Para saber dónde se efectuará la pena, tendrá que tener lugar un debate entre los gobiernos belga y francés. Salah Abdeslam cumplirá su condena, sea en Francia o en Bélgica», ha indicado el presidente del tribunal, Luc Hennart, en una rueda de prensa recogida por el diario belga Le Soir.

Ninguno de los dos condenados este lunes ha estado presente durante la lectura de la sentencia, ha señalado la agencia de noticias France Presse. Lo único que declaró en todo el juicio Abdeslam, un francés nacido en Bélgica que hoy tiene 28 años, fue que pondría toda su confianza en Dios y acusó al tribunal de ser antimusulmán. En una carta a su madre aseguró sentirse «guiado por Alá» y que debía «combatir a sus enemigos».

El Corán establece numerosas condiciones para que un creyente pueda ir a la guerra, y los terroristas como Salah Abdeslam las incumplen sistemáticamente

En el islam, sin embargo, el yihad significa realizar un esfuerzo máximo por ser mejorar persona y mejorar el entorno de uno mismo. Es cierto que el Corán observa la variante del yihad bélico en el contexto histórico en el que se escribió, pero a la vez indica numerosas condiciones para que un creyente pueda ir a la guerra, y los terroristas como Salah Abdeslam las incumplen sistemáticamente. El libro sagrado de los musulmanes establece, por ejemplo, que solo se debe atacar si se ha sido atacado primero, que la guerra la debe convocar una gobierno legítimo y que nunca se debe matar a personas desarmadas, nunca a mujeres y niños, ni de noche, ni mutilar… Para una información más detallada, puedes leer este artículo: El verdadero significado de ‘yihad’ y cómo los terroristas lo incumplen punto por punto.

El ADN de Abdeslam fue encontrado en el piso donde se produjo el tiroteo, aunque no en las armas utilizadas. Los policías se quejaron de que Abdeslam se estaba «burlando» del juicio, en el que se negó a comparecer la segunda vez que fue requerido. Su abogado, Sven Mary, ha informado a los medios de comunicación de que consultará a su defendido si desea apelar la sentencia, aunque él mismo ha manifestado que lo más probable es que el terrorista tenga que cumplir los 20 años de condena por este caso además de los años que se sumen tras el juicio por los atentados de París.

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