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“Si hay algo seguro, es que la Policía ha intentado dejarme ‘fuera de servicio’”, ha asegurado Martine Landry durante su visita a Madrid para participar en la presentación de un informe de Amnistía Internacional sobre el “castigo a la solidaridad en Europa”. Su caso se remonta a julio de 2017. Cuenta que mientras ejercía de observadora de esta organización, fue testigo de “una devolución masiva” de 156 potenciales solicitantes de asilo por parte de la Policía y de otras 74 personas -entre las que contabilizó a 14 menores- detenidas en un registro.

“Si hay algo seguro, es que la Policía ha intentado dejarme ‘fuera de servicio’”

La operación se prolongó durante dos días: “Me di cuenta al día siguiente de que dos policías italianos acompañaban a pie a cuatro personas, de las que yo sabía que eran menores. Los policías italianos dijeron a los franceses: según la Convención Internacional de los Derechos del Niño os toca a vosotros encargaros de ellos. Yo sabía muy bien que la Policía francesa no iba a hacer lo que debía, porque tienen por costumbre devolver a las personas a Italia por tren”.

Además, denuncia que lo que espera a los migrantes al volver a Italia son “proxenetas y traficantes que van a abusar de ellos y obligarles a trabajar”.

“Yo sabía muy bien que la Policía no iba a hacer lo que debía, porque tienen por costumbre devolver a las personas a Italia por tren”

En aquel caso, Martine Landry contactó con asociaciones y abogados italianos para poder “repatriar (a estos menores) a Francia y proteger sus derechos”. El tribunal que la ha juzgado ha certificado que así fue, de acuerdo con el marco legal.  Ella siguió las indicaciones de los abogados y acudió a la frontera, permaneciendo en suelo francés, para atender a estos dos menores a su llegada. “Les llevé a la Policía para que llamaran a los servicios de protección de la infancia y dije que no me movería de allí. Eso es lo que ocurrió y, por tanto, facilité que se aplicara la ley”.

Denuncia detenciones en función de la apariencia y en condiciones de “tortura”

Tres días más tarde le comunicaron que el Tribunal Penal abría diligencias contra ella, porque una agente de la Policía francesa la acusaba de haber acompañado a estas personas a cruzar la frontera, lo que implicaría haber estado al otro lado. “Pero no es verdad. Lo pude demostrar y me absolvieron. Les esperé al otro lado de la frontera”, subraya ahora.

Su labor como observadora continúa mientras espera a ver qué sucede con el recurso. Van por parejas cada tres horas a la última estación de tren en el lado francés antes de llegar a Italia y observan el trabajo de la Policía fronteriza así como de una brigada especial (CRS).

Landry denuncia una gestión “totalmente discriminatoria” en la estación de Menton, donde -según su experiencia- se detiene a todo aquel que pueda aparentar ser migrante irregular y un potencial solicitante de asilo. ¿Cómo? Fichando a “todas las personas de origen africano”, desde las 5 de la mañana hasta la media noche, cada día. “Los CRS vigilan todo: quién hay en los baños, los tejados, el cuarto de luces… miran a ver si hay personas que parecen ser migrantes en situación irregular. Los llevan a la policía (fronteriza) y ellos deciden si se les devuelve a Italia. Nunca se les pregunta si son solicitantes de asilo”. Esa es una de las premisas del derecho internacional.

“Mantienen presas a 30/40 personas en un sitio muy, muy angosto. Sin comida, sin agua, sin posibilidad -incluso- de tumbarse”

Los observadores de la frontera franco-italiana actúan en nombre de ONG como Cáritas, Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras. Calculan que hay unas 30 personas al día afectadas, a las que retienen en los puestos de la Policía fronteriza. “De noche, o incluso a la luz del día, mantienen presas a 30/40 personas en un sitio muy, muy angosto. Sin comida, sin agua, sin posibilidad -incluso- de tumbarse. Son torturadas, porque los gasean con gas pimienta. Los violentan, los insultan”, describe esta activista septuagenaria. Pero el recurso contra ella no la amedrenta y advierte: “Nuestra observación aporta pruebas y podemos llevarlos a los tribunales”.

En los últimos dos años, según el informe de Amnistía Internacional, la mayoría de los los solicitantes de asilo y migrantes cruzan la frontera alpina por miedo a su futuro en Italia, exasperación tras largo tiempo sin obtener una respuesta a su petición o por la falta de oportunidades de encontrar trabajo aun habiendo obtenido protección de refugiados.

El documento presentado este martes bajo el título Castigo a la compasión: la solidaridad a juicio en la Fortaleza Europa, denuncia que “la Policía y las fiscalías hacen un uso indebido de leyes contra el contrabando y medidas antiterroristas de por sí deficientes contra defensores y defensoras de los derechos humanos”. Recogen casos de dos personas en Grecia que pasaron meses en prisión provisional por ayudar a solicitantes de asilo a no morir ahogados y llegar a la isla de Lesbos; una de estas personas era una joven siria que también iba en la embarcación en peligro. También hay guías de montaña, curas y pastores protestantes entre los que tienen cuentas pendientes en los tribunales de distintos países europeos. En España son conocidas las retenciones del Open Arms en el puerto de Barcelona o en Italia, donde les han llegado a acusar de traficar con personas.

Open Arms y Libia

Anabel Montes es jefa de misión a bordo del barco de la ONG de socorristas españoles. Ella estaba al mando cuando el 15 de diciembre de 2018 llevaron a cabo dos rescates casi seguidos de unas 120 personas en el Mediterráneo. “Si no las hubiéramos sacado de allí, estarían muertas todas”, asegura. Pero una patrullera de los denominados “guardacostas libios” interfirió en el rescate y amenazó con matarles si no les devolvían a las mujeres y niños que ya habían rescatado, según el relato de Montes. En aquella ocasión obtuvieron permiso para desembarcar en Sicilia dos días después. Pero están acusados de “organización criminal y favorecer la inmigración clandestina”.

Los llamados “guardacostas libios” están supuestamente bajo el mando del único Gobierno del país reconocido internacionalmente, que no consigue controlar territorio en un país sumido en una cruenta guerra civil. Italia y la Unión Europea acordaron hace años la formación y el equipamiento de sus guardacostas, pero organizaciones internacionales presentes en Libia y pertenecientes a Naciones Unidas han denunciado repetidamente las condiciones nefastas en las que detienen automáticamente a quienes supuestamente rescatan, un verbo que incluso estas organizaciones toman con pinzas al informar al respecto y que en ocasiones sustituyen por “interceptar”.

Amnistía Internacional pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que reformen las leyes nacionales y europeas sobre facilitación de entrada, tránsito y estancias irregulares para incluir en la definición del delito la búsqueda del beneficio material. Defiende que “de este modo se impediría el uso indebido de la legislación para castigar actos de solidaridad y humanidad”.

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La entrada La activista de 74 años que vela por los migrantes en la frontera Francia-Italia se publicó primero en Salam Plan.