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“Antes del Covid19 siempre salía a ver cómo sobrevivir. Ahora llevo dos meses sin pagar el alquiler. El casero me ha dicho que si no le pago cuando se cumpla el tercer mes, me tengo que ir”. Christopher tiene hasta el 10 de junio, o acabará en la calle, cuenta por teléfono a Salam Plan.

Vive en un municipio de las regiones que continúan en fase 0. Antes de la crisis del coronavirus solía trasladarse a otro pueblo de su región para tratar de hacer algo de dinero. Allí había conseguido hacerse un hueco a la salida de un supermercado, ayudando a llevar la compra a las personas mayores o despachando algún trabajillo que le salía ocasionalmente. Aunque es solicitante de asilo, aún no tiene permiso para trabajar. Tiene cita el martes que viene para que le entreguen la tarjeta amarilla que le permitirá buscar trabajo de acuerdo con la ley española para los demandantes de asilo. Antes de huir de la violencia en su Nigeria natal, fue taxista.*

“Llevo dos meses sin pagar el alquiler. El casero me ha dicho que si no le pago cuando se cumpla el tercer mes, me tengo que ir”

Christopher, solicitante de asilo

El confinamiento por el coronavirus y las restricciones a la movilidad le han obligado a renunciar a los pocos ingresos que conseguía: “No me muevo, no voy a ningún sitio”. Él no puede mostrar un documento que certifique que va a trabajar y así poder comprarse comida o pagar los 300 euros que le cuesta su habitación en un piso compartido pero solitario, donde el otro inquilino es una persona con la que no se relaciona. Está saliendo a flote gracias a la ayuda un par de conocidos.

La voz de Christopher -que habla en inglés- al otro lado del teléfono suena serena. No es la primera vez que este hombre de 40 años se enfrenta a una situación crítica y su fe le ayuda a confiar en que sobrevivirá, “con la gracia de Dios”. Como cuando atravesó el desierto y el Mediterráneo en lo que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), perteneciente a la ONU, ha calificado “la ruta migratoria por mar más peligrosa del mundo”. Llegó a España en diciembre de 2018.

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“No había otra forma de salvar mi vida que huyendo de Nigeria”, asegura. Allí sigue su hija de 14 años, pero “está bien”. Dice que él, también: “Estoy bien. No estoy enfermo; lo único es mi situación financiera”.

La violencia en el país de Christopher continúa. En un solo mes, el pasado abril, la “violencia persistente” en el noroeste de Nigeria forzó a unas 23.000 personas a huir al vecino Níger en busca de seguridad, informó recientemente la Agencia de la ONU para los Refugiados, Acnur. A pesar de los cierres fronterizos por la pandemia, se está permitiendo a cruzar a las personas que buscan refugio. Pero en el país vecino también están “lidiando con situaciones de inseguridad” en diversas zonas, de acuerdo con Acnur.

Las huidas por el Mediterráneo aumentan sin barcos de ONG para rescatarlos

En el norte del continente africano, las salidas de pateras se han multiplicado durante la crisis del coronavirus. El pasado abril fueron el doble de personas las que intentaron llegar a Italia y Malta en comparación con el mismo periodo del año pasado, según la OIM.

Pero desde el día 9 de ese mismo mes, los puertos de ambos países permanecen cerrados por razones sanitarias. Y actualmente ninguno de los barcos de ONG que suelen realizar rescates en el Mediterráneo central está operativo: el Ocean Viking de Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterranée zarpará tan pronto como le sea posible, han asegurado. El Open Arms está en parada técnica y revisión desde mediados de febrero en Barcelona. Y tanto el Aita Mari como el Alan Kurdi están bloqueados en Italia tras sus últimas misiones.

La ONU pidió a principios de mayo que se dejara a estos barcos ejercer los rescates. El portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos del organismo, Rupert Colville, se mostró alarmado por el presunto “impedimento al trabajo humanitario” y los informes de supuestas devoluciones de pateras a alta mar.

“Nos preocupan especialmente las informaciones de que las autoridades maltesas pidieran a barcos comerciales empujar a embarcaciones en peligro con migrantes y refugiados de vuelta a alta mar”, comentó en una rueda de prensa virtual. “También hacemos un llamamiento para que las restricciones al trabajo de (los) rescatadores (humanitarios) se levanten inmediatamente. Medidas así están poniendo vidas en peligro claramente”.

“Las restricciones al trabajo de los rescatadores humanitarios se deben levantar inmediatamente. Medidas así están poniendo vidas en peligro claramente”

Rupert Colville, portavoz Dererechos Humanos de la ONU

A sus rescates, siempre se han sumado barcos de carga u otras embarcaciones que navegaran cercanas a un naufragio, que tienen que socorrer a las personas de acuerdo con las leyes marítimas internacionales. Un barco de carga alemán rescató a 78 personas el 3 de mayo, tras recibir la orden del Gobierno maltés. Después Malta denegó el desembarco por tener sus puertos cerrados. 5 días después, el carguero pudo desembarcar a las 78 personas rescatadas en la vecina Sicilia. Pero después de un par de días en un centro de acogida de la isla italiana, llegó un ferry al que tuvieron que trasladarse para guardar 14 días de cuarentena, han informado los medios locales.

Mientras, otras 162 personas rescatadas en aguas maltesas esperan en barcos turísticos alquilados por el Gobierno de Malta. La intención del Ejecutivo es que nadie desembarque en el país antes de que los Estados miembros de la Unión Europea se pongan de acuerdo en la reubicación de las personas rescatadas.

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Colville ha recordado que los guardias costeros de Libia, principal punto de partida de pateras, no ofrecen una solución real a los náufragos. De vuelta en ese país sufren “tortura, malos tratos, violencia sexual y falta de atención médica” en los centros de detención donde les ubican. Ello sin contar quienes acaban desaparecidos en centros de detención no oficiales, como ha denunciado la Organización Internacional para las Migraciones.

“Junto con una fuerte escalada en los combates en el último mes, el país también ha registrado sus primeros casos confirmados de Covid19. Esto ha llevado a restricciones más estrictas a la circulación, lo que hace que sea casi imposible para los refugiados y solicitantes de asilo encontrar trabajo, mientras que el costo de la comida y el alquiler han aumentado”, explica Acnur sobre el aumento de las salidas en patera hacia Europa.

En los primeros cuatro meses de este año, los guardias costeros libios han recogido a 3.078 refugiados y migrantes en el mar, en comparación con 1.126 en el mismo período del año pasado. Pero recordemos que los datos indican que actualmente huyen aproximadamente el doble de personas por el Mediterráneo central. Por eso la OIM ha alertado sobre los “naufragios invisibles”, algo que ni siquiera se conseguía evitar cuando los barcos humanitarios estaban en la zona.

El mayor campo de refugiados del mundo sufre el primer caso

A miles de kilómetros de allí, en el campo de refugiados más grande del mundo, hace poco una persona sufrió el primer contagio de coronavirus. De acuerdo con el Gobierno de Bangladesh, una persona refugiada rohingya dio positivo en Covid19 en el asentamiento de refugiados Kutapalong el 14 de mayo. Además, también han resultado positivas las pruebas de otra persona de la comunidad local de acogida de este país del Asia oriental.

Acnur, que trabaja sobre el terreno junto al Gobierno bangladesí y ONG locales, indica que enseguida “se activó a los equipos de investigación rápida” para estudiar ambos casos, iniciar el aislamiento y el tratamiento de los pacientes, localizar a sus contactos para ponerlos en cuarentena y realizarles los tests, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde que se comenzaron tests a principios de abril en la zona y hasta el 14 de mayo, únicamente se habían realizado las pruebas a 108 personas refugiadas de un total de 860.000.

“El fuerte impacto que podría causar la enfermedad en los asentamientos de refugiados, que cuentan con una altísima densidad de población es motivo de gran preocupación”

Acnur

Los rohingya son una minoría musulmana que huye de la violenta persecución en Myanmar (la antigua Birmania) desde hace años. Con matanzas perpetradas por los propios militares del país, la situación fue calificada de “genocidio” por la ONU ya en 2018 y el caso está siendo juzgado en la Corte Penal Internacional.

“El fuerte impacto que podría causar la enfermedad en los asentamientos de refugiados, que cuentan con una altísima densidad de población es motivo de gran preocupación”, reconoce Acnur. La Organización Internacional para las Migraciones ha manifestado igualmente su temor a que el coronavirus se extienda rápidamente en las precarias situaciones de los campos de refugiados de todo el mundo, donde actualmente se están produciendo los primeros contagios.

“Cada vez más vulnerables”

La otra gran preocupación de la OIM actualmente son las deportaciones y devoluciones en caliente que se reportan en distintos lugares del globo. “Los retornos forzosos deben ser suspendidos en época de coronavirus”, manifestó la agencia internacional en un comunicado este mes.

Desde Médicos Sin Fronteras han llamado la atención sobre las deportaciones de Estados Unidos al resto del continente americano. Advierten de que esto implica un riesgo añadido a la violencia de la que huían y a la que son devueltos en Guatemala, Honduras, El Salvador… El proceso “supone el traslado colectivo de personas desde el epicentro de la pandemia Covid19, a países con menores tasas de transmisión de la enfermedad y que podría exacerbar la crisis de salud pública en la región”. En Nuevo Laredo (Tamaulipas, México), un albergue en los que MSF trabaja ha tenido que cerrar sus puertas a nuevas admisiones después de que quince personas resultaran contagiadas por el coronavirus después de tener contacto con una persona deportada desde EEUU.

“Durante este confinamiento, todos estamos valorando nuestros hogares, nuestros refugios, para protegernos de un virus que no tiene fronteras y estamos siendo conscientes que todos necesitamos un hogar”

Juan Antonio Moreno, Goya al mejor corto documental por Nuestra vida como niños refugiados en Europa

“El coronavirus está presionando a nuestras sociedades de formas que nunca hubiéramos imaginado. A los refugiados y migrantes venezolanos, la pandemia los expone a dificultades aún mayores, ya que muchos ahora luchan por sobrevivir, lejos de casa”, ha dicho por su parte Eduardo Stein, representante conjunto de Acnur y la OIM para refugiados y migrantes de Venezuela. “Los venezolanos en toda la región ahora se enfrentan al hambre, la falta de acceso a la atención médica, las perspectivas de la falta de vivienda y la xenofobia”, ha asegurado. En definitiva, son “cada vez más vulnerables”.

Juan Antonio Moreno, director de cine y Goya al mejor corto documental 2020 por Nuestra vida como niños refugiados en Europa, colaboró con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) para realizar el cortometraje “Refugio”. Recientemente comentó: “Durante este confinamiento, todos estamos valorando nuestros hogares, nuestros refugios, para protegernos de un virus que no tiene fronteras y estamos siendo conscientes que todos necesitamos un hogar. Ahora está en nuestras manos proteger el derecho al asilo para que las personas más vulnerables que se han visto obligadas a abandonar sus hogares también sientan que no están solas”.

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*Si quieres ofrecer trabajo a Christopher, ahora que va a obtener el permiso, puedes escribir a info@salamplan.com.

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“Si hay algo seguro, es que la Policía ha intentado dejarme ‘fuera de servicio’”, ha asegurado Martine Landry durante su visita a Madrid para participar en la presentación de un informe de Amnistía Internacional sobre el “castigo a la solidaridad en Europa”. Su caso se remonta a julio de 2017. Cuenta que mientras ejercía de observadora de esta organización, fue testigo de “una devolución masiva” de 156 potenciales solicitantes de asilo por parte de la Policía y de otras 74 personas -entre las que contabilizó a 14 menores- detenidas en un registro.

“Si hay algo seguro, es que la Policía ha intentado dejarme ‘fuera de servicio’”

La operación se prolongó durante dos días: “Me di cuenta al día siguiente de que dos policías italianos acompañaban a pie a cuatro personas, de las que yo sabía que eran menores. Los policías italianos dijeron a los franceses: según la Convención Internacional de los Derechos del Niño os toca a vosotros encargaros de ellos. Yo sabía muy bien que la Policía francesa no iba a hacer lo que debía, porque tienen por costumbre devolver a las personas a Italia por tren”.

Además, denuncia que lo que espera a los migrantes al volver a Italia son “proxenetas y traficantes que van a abusar de ellos y obligarles a trabajar”.

“Yo sabía muy bien que la Policía no iba a hacer lo que debía, porque tienen por costumbre devolver a las personas a Italia por tren”

En aquel caso, Martine Landry contactó con asociaciones y abogados italianos para poder “repatriar (a estos menores) a Francia y proteger sus derechos”. El tribunal que la ha juzgado ha certificado que así fue, de acuerdo con el marco legal.  Ella siguió las indicaciones de los abogados y acudió a la frontera, permaneciendo en suelo francés, para atender a estos dos menores a su llegada. “Les llevé a la Policía para que llamaran a los servicios de protección de la infancia y dije que no me movería de allí. Eso es lo que ocurrió y, por tanto, facilité que se aplicara la ley”.

Denuncia detenciones en función de la apariencia y en condiciones de “tortura”

Tres días más tarde le comunicaron que el Tribunal Penal abría diligencias contra ella, porque una agente de la Policía francesa la acusaba de haber acompañado a estas personas a cruzar la frontera, lo que implicaría haber estado al otro lado. “Pero no es verdad. Lo pude demostrar y me absolvieron. Les esperé al otro lado de la frontera”, subraya ahora.

Su labor como observadora continúa mientras espera a ver qué sucede con el recurso. Van por parejas cada tres horas a la última estación de tren en el lado francés antes de llegar a Italia y observan el trabajo de la Policía fronteriza así como de una brigada especial (CRS).

Landry denuncia una gestión “totalmente discriminatoria” en la estación de Menton, donde -según su experiencia- se detiene a todo aquel que pueda aparentar ser migrante irregular y un potencial solicitante de asilo. ¿Cómo? Fichando a “todas las personas de origen africano”, desde las 5 de la mañana hasta la media noche, cada día. “Los CRS vigilan todo: quién hay en los baños, los tejados, el cuarto de luces… miran a ver si hay personas que parecen ser migrantes en situación irregular. Los llevan a la policía (fronteriza) y ellos deciden si se les devuelve a Italia. Nunca se les pregunta si son solicitantes de asilo”. Esa es una de las premisas del derecho internacional.

“Mantienen presas a 30/40 personas en un sitio muy, muy angosto. Sin comida, sin agua, sin posibilidad -incluso- de tumbarse”

Los observadores de la frontera franco-italiana actúan en nombre de ONG como Cáritas, Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras. Calculan que hay unas 30 personas al día afectadas, a las que retienen en los puestos de la Policía fronteriza. “De noche, o incluso a la luz del día, mantienen presas a 30/40 personas en un sitio muy, muy angosto. Sin comida, sin agua, sin posibilidad -incluso- de tumbarse. Son torturadas, porque los gasean con gas pimienta. Los violentan, los insultan”, describe esta activista septuagenaria. Pero el recurso contra ella no la amedrenta y advierte: “Nuestra observación aporta pruebas y podemos llevarlos a los tribunales”.

En los últimos dos años, según el informe de Amnistía Internacional, la mayoría de los los solicitantes de asilo y migrantes cruzan la frontera alpina por miedo a su futuro en Italia, exasperación tras largo tiempo sin obtener una respuesta a su petición o por la falta de oportunidades de encontrar trabajo aun habiendo obtenido protección de refugiados.

El documento presentado este martes bajo el título Castigo a la compasión: la solidaridad a juicio en la Fortaleza Europa, denuncia que “la Policía y las fiscalías hacen un uso indebido de leyes contra el contrabando y medidas antiterroristas de por sí deficientes contra defensores y defensoras de los derechos humanos”. Recogen casos de dos personas en Grecia que pasaron meses en prisión provisional por ayudar a solicitantes de asilo a no morir ahogados y llegar a la isla de Lesbos; una de estas personas era una joven siria que también iba en la embarcación en peligro. También hay guías de montaña, curas y pastores protestantes entre los que tienen cuentas pendientes en los tribunales de distintos países europeos. En España son conocidas las retenciones del Open Arms en el puerto de Barcelona o en Italia, donde les han llegado a acusar de traficar con personas.

Open Arms y Libia

Anabel Montes es jefa de misión a bordo del barco de la ONG de socorristas españoles. Ella estaba al mando cuando el 15 de diciembre de 2018 llevaron a cabo dos rescates casi seguidos de unas 120 personas en el Mediterráneo. “Si no las hubiéramos sacado de allí, estarían muertas todas”, asegura. Pero una patrullera de los denominados “guardacostas libios” interfirió en el rescate y amenazó con matarles si no les devolvían a las mujeres y niños que ya habían rescatado, según el relato de Montes. En aquella ocasión obtuvieron permiso para desembarcar en Sicilia dos días después. Pero están acusados de “organización criminal y favorecer la inmigración clandestina”.

Los llamados “guardacostas libios” están supuestamente bajo el mando del único Gobierno del país reconocido internacionalmente, que no consigue controlar territorio en un país sumido en una cruenta guerra civil. Italia y la Unión Europea acordaron hace años la formación y el equipamiento de sus guardacostas, pero organizaciones internacionales presentes en Libia y pertenecientes a Naciones Unidas han denunciado repetidamente las condiciones nefastas en las que detienen automáticamente a quienes supuestamente rescatan, un verbo que incluso estas organizaciones toman con pinzas al informar al respecto y que en ocasiones sustituyen por “interceptar”.

Amnistía Internacional pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que reformen las leyes nacionales y europeas sobre facilitación de entrada, tránsito y estancias irregulares para incluir en la definición del delito la búsqueda del beneficio material. Defiende que “de este modo se impediría el uso indebido de la legislación para castigar actos de solidaridad y humanidad”.

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El barco tripulado por Médicos Sin Fronteras junto a la ONG SOS-Mediterranée ha llevado a cabo varios rescates en aguas internacionales a lo largo de los últimos días. En la noche del martes puso rumbo hacia el norte y solicitó a las autoridades europeas que «respeten el derecho internacional» y así les proporcionen un «lugar seguro» para desembarcar a las 356 personas rescatadas.

Es la misma solución que llevan esperando ya 13 días los rescatados a bordo del barco de Open Arms. Mientras tanto, un bebé con dificultades respiratorias y su familia -cuatro personas en total- obtuvieron permiso para desembarcar en Italia.

El fundador de la ONG española, Óscar Camps, ha asegurado en una entrevista con la cadena SER que ha podido hablar con el presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel. El líder galo le ha asegurado que se «ponía en marcha» para encontrar una solución. Mientras tanto, Camps ha pedido vía Twitter al Gobierno de Pedro Sánchez «valentía y altura política junto a Emmanuel Macron y Angela Merkel para combatir el discurso xenófobo imperante».

Con el temporal apremia una solución

A bordo del Open Arms «el temporal ha llegado y esta tarde será aún peor», ha tuiteado la periodista de RTVE Yolanda Álvarez, que está a bordo de la embarcación. Médicos Sin Fronteras explica que los rescatados «sufren mareos» por el temporal.

Lo que en otras circunstancias podría ser un mareo pasajero sin mayor relevancia, en el caso de estas 503 personas rescatadas se convierte en la gota que colma el vaso de una huida de sus lugares de origen primero y de Libia después.

«Salí de Sudán después de que mataran a mi padre»

“Salí de Sudán después de que un grupo armado matara a mi padre frente a mí durante un ataque a mi pueblo. Mi madre y mis hermanos viven ahora en un campo de refugiados. Tengo un hermano mayor que partió hacia Libia antes que yo, pero ahora está desaparecido. Quería venir a Europa para encontrar trabajo y que la vida de mi familia mejorase.

Tardé siete días en cruzar el Sáhara. Solo comimos pan un par de veces, y todas las noches recibíamos un litro de agua que teníamos que compartir entre 33 personas. Vi cómo dispararon y mataron a un hombre con el que viajaba sin razón alguna.

Estuve viviendo y trabajando en Libia durante más de un año. Fui arrestado varias veces y obligado a pagar por mi liberación. Traté de cruzar dos veces. Pero fui capturado por la Guardia Costera de Libia la primera vez, aunque logré escapar y no me llevaron al centro de detención. Pero la segunda vez me llevaron a Tayura. Estaba allí cuando ese centro de detención fue bombardeado». Así se lo ha contado un chico de 16 años a los miembros de Médicos Sin Fronteras a bordo del Ocean Viking.

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Los relatos sobre lo sufrido en el país norafricano del que partieron sus lanchas de goma reflejan la misma realidad desde hace años: Libia es sinónimo de encarcelamiento, torturas, violaciones, esclavitud para los migrantes y solicitantes de asilo en un país donde el conflicto bélico se ha recrudecido en los últimos meses; incluido un bombardeo sobre un centro de detención de migrantes.

Tras experiencias como éstas llega la angustia psicológica extra que supone llevar días en un barco en alta mar a la espera de una respuesta que no llega. Camps ha descrito en la SER la situación en el barco de la siguiente manera:

«Hay dos lavabos [para 166 personas; 147 rescatadas y 19 de la tripulación], 180 metros cuadrados en la cubierta, están hacinados ahí. Hay discusiones por un trozo de sombra, discusiones por un trozo de sol, discusiones por la comida, discusiones por la cola para el lavabo…»

La ONU reitera que Libia no ofrece un puerto seguro

Las organizaciones de Naciones Unidas que trabajan en el país norafricano -la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la agencia para la protección de los refugiados, Acnur y la Misión de Apoyo en Libia de Naciones Unidas (Unsmil)- coinciden en que Libia no ofrece un puerto seguro para desembarcar. La OIM lo volvió a recordar este mismo martes a través de Twitter:

«Urjo a los países europeos a responder a la petición del secretario general [de Naciones Unidas], revisar las políticas y trasladar [a los detenidos en los centros libios] a un lugar seguro», dijo Ghassan Salamé, responsable de Unsmil a finales de julio, poco antes de que los barcos de las ONG volvieran al Mediterráneo Central para rescatar a los náufragos que ahora en el mar la protección de Europa.

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130 náufragos sí sobrevivieron al hundimiento del jueves, pero fueron llevados a los centros de detención de este país norafricano, donde reciben un trato denigrante e inhumano según denuncian desde hace años diversas organizaciones. Éstas son las otras realidades de Libia:

Sin apenas rescatadores frente a las costas

Las personas que sobrevivieron al naufragio del jueves, lo hicieron gracias a los pescadores que les ayudaron, según su propio testimonio. Es decir, no fueron autoridades libias. Eso sí, al mismo tiempo en otros lugares frente a las costas de Libia, los barcos de «interceptación/rescate» libios -como los califica Acnur- llevaron de vuelta a tierra a unas 200 personas.

El número de personas que tratan de llegar a Europa desde Libia ha descendido un 81% en el primer semestre de 2019, de 11.500 a 2.100, según datos de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur). En su informe de junio de 2019 deja claro cuáles son «las principales razones para el descenso», que «incluyen los cambios en las respuestas de rescate en el mar cerca de las costas de Libia». Cita los siguientes ejemplos:

• el acceso limitado a puertos europeos para el desembarco (lo que ha afectado también a barcos mercantes, señala el organismo),
• la retirada de embarcaciones de la Unión Europea que navegaban cerca de Libia para controlar el tráfico de seres humanos, según lo define la llamada ‘Operación Sofía’.

A estos ejemplos mencionados por Acnur, hay que añadir la retirada de barcos de ONG como Médicos Sin Fronteras junto a SOS Mediterranée u Open Arms, forzadas por las políticas restrictivas en los países costeros europeos para acoger a las personas que rescataban en el mar. Precisamente MSF y su aliado SOS Mediterranée anunciaron hace solo unos días su vuelta en misión de rescate en el Mediterráneo Central.

«Libia no es un puerto seguro. Se necesitan alternativas legales de forma urgente», ha pedido la oficina de Acnur en Libia a través de Twitter tras el naufragio del jueves.

Detención y maltrato de refugiados y migrantes

Acnur trabaja en Libia por «poner fin a la detención de refugiados y solicitantes de asilo» y abogan por alternativas que incluyan un cuidado especial para niños y reagrupamiento con sus familias. Médicos Sin Familia ya denunciaba hace un año que en Libia «la detención ilegal, la tortura y el secuestro son algo habitual» para refugiados y solicitantes de asilo.

Actualmente, calcula que hay entre 5.000 y 6.000 personas refugiadas y migrantes «detenidas arbitrariamente» y bajo «condiciones inhumanas» en estos centros. Califica las condiciones de  Además, señala que en los últimos meses «su situación se ha vuelto aún más peligrosa a causa del recrudecimiento del conflicto interno».

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La actual guerra de Libia en junio un centro de detención de refugiados y migrantes sufrió un bombardeo aéreo que dejó alrededor de 40 muertos. Amnistía Internacional ha pedido que se investigue como crimen de guerra.

Human Rights Watch, y también otro organismo de Naciones Unidas presente en el país -la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)– han mostrado en el pasado su preocupación por la situación de los detenidos.

Estado fallido

Libia no consigue encontrar una salida al conflicto interno que mantiene al Estado en un limbo desde la caída y asesinato del dictador Muamar Gadafi en el contexto de la denominada Primavera Árabe en 2011. Ocho años de enfrentamientos en un país donde reivindican el poder al mismo tiempo dos «gobiernos», solo uno de ellos reconocido por la Unión Europea, el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA).

Para hacerse una idea de la falta de seguridad existente en Libia, basta con echar un vistazo a la «ficha de país» y «recomendaciones de viaje» publicadas por España, como hace con los países de todo el mundo: «Ante el importante despliegue de fuerzas armadas en las cercanías de Trípoli y debido a los continuos y graves problemas de seguridad, se desaconseja encarecidamente el viaje a Libia».

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El Ministerio de Asuntos Exteriores afirma asimismo: «Desde la revolución de 2011 la situación de seguridad en Libia se ha degradado y es, en la actualidad, muy precaria. Se suceden los enfrentamientos entre milicias armadas y grupos extremistas en varios puntos del país, incluida la capital, y se registra una proliferación generalizada de armas».

Hay problemas para el acceso a atención sanitaria primaria, agua limpia y sanitarios, entre otros servicios básicos para 800.000 personas en situación especialmente vulnerable, según la Comisión Europea. «El crimen y el tráfico de personas es rampante, con informes horroríficos sobre secuestros, abusos y trata», expone la Comisión en su ficha sobre el país.

La Unión Europea necesita un socio en Libia

Antes de que Matteo Salvini se convirtiera en el ministro del Interior italiano que cerrara los puertos de su país a quienes llegaban desde Libia por el mar, el anterior Gobierno italiano con financiación y apoyo de la Unión Europea ya habían empezado a formar a guardias costeros libios en un intento de convertir a este país norafricano en un lugar seguro donde desembarcar a los náufragos, como exigen las leyes internacionales. La propia Comisión Europea admitió que seguía sin ser un lugar seguro cuando se les acusó de permitir las «devoluciones en caliente» desde el mar cuando aún no estaban cerrados los puertos, como informó Salam Plan.

España volvió a tener una embajada en Libia después de que las legaciones internacionales abandonaran el país al inicio del conflicto. La ha instalado en Trípoli, donde se encuentra la sede del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA). Sin embargo, Exteriores avisa en su página web de que son numerosas las embajadas, incluida la española, las que han reducido sus actividades.

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