La islamofobia es el miedo u odio contra el islam, los musulmanes y todo aquello que se relaciona con ambos. Las normativas que buscan prohibir delitos de odio como éste, no pretenden coartar la libertad de expresión o críticas lícitas. Su intención es impedir la promoción del odio contra un colectivo o contra una persona por considerarla parte de ese grupo social.

Una comisión mixta de laboristas y conservadores en el Reino Unido se puso de acuerdo en la siguiente definición en 2018: “La islamofobia es de raíz racista y es un tipo de racismo que se centra en expresiones de musulmaneidad o percibida musulmaneidad”. Organizaciones de la sociedad civil de toda Europa trabajan actualmente en la elaboración de una definición útil y común a todos sus Estados miembros.

La islamofobia puede manifestarse en discursos de odio, delitos de odio o terrorismo. Ocurrió en el ataque contra la mezquita londinense de Finsbury Park o los atentados contra las mezquitas de Christchurch (Nueva Zelanda). En Alemania y Reino Unido, por ejemplo, las fuerzas de seguridad han frustrado en años recientes diversos atentados dirigidos contra musulmanes. Otros atentados, como el de Hanau, no pudieron evitarlos.

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En España, la islamofobia se considera actualmente incluida en la definición de delitos de odio en el Código Penal (art. 510) como parte de los delitos contra alguien o algo por cuestiones religiosas. Sin embargo, algunas asociaciones musulmanas reclaman que tenga su lugar específico al menos en las estadísticas, al igual que el antisemitismo, o más recientemente, el antigitanismo. En Alemania, los registros oficiales sobre este tipo de delitos incluyen desde 2017 específicamente la islamofobia y la cristianofobia junto al antisemitismo y otras manifestaciones de delitos de odio.

Organismos internacionales como la OSCE y el máximo representante para las minorías de la ONU, Fernand de Varennes, han recomendado que se desglosen los datos de delitos de odio según los distintos grupos étnicos y religiosos. Consideran que así se podría evaluar y atajar correctamente cada problemática. En marzo de 2019, el entonces ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell, manifestó que el Gobierno estudiaba combatir la islamofobia al mismo nivel que el antisemitismo.

En la islamofobia como en otros fenómenos que pueden derivar, en los casos más graves, en terrorismo, existe a su vez la crítica de que se limite la libertad de expresión. La línea entre ambas no siempre está claramente definida. El Código Penal español establece como delito de odio aquella manifestación contra una persona o cosa (un templo, por ejemplo) por el hecho de pertenecer a un colectivo y ese odio se transmite de forma pública.   

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La Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes con sede en Málaga ha organizado este encuentro, que se celebra en la Facultad de Ciencias de la Educación de la universidad de esa ciudad, que prevé más de 300 asistentes.

“Se trata de un congreso muy oportuno (…). El nivel de intolerancia ha aumentado en los últimos años en nuestra sociedad”, manifestó Karoline Fernández de la Hoz, directora del Observatorio del Racismo y la Xenofobia, del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en su intervención inaugural el miércoles. El coordinador de la Lucha contra el Odio Antimusulmán de la Comisión Europea, Tommaso Chiamparino, recalcó que “España no está libre de esta tendencia”de una islamofobia creciente en la sociedad europea. Por ello, apuesta por “trabajar contra la islamofobia (…) para promover una visión de la sociedad abierta, inclusiva y diversa”.

La islamofobia en Europa

El Consejo Europeo y el Comité sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de la ONU define la islamofobia como una forma de racismo y xenofobia que se manifiesta a través de la hostilidad, la exclusión, el rechazo o el odio contra el islam, la población musulmana o los símbolos que tengan que ver con esta religión, recuerda la Asociación Marroquí en un comunicado. La islamofobia afecta también a las personas que no son musulmanas, pero son socialmente vistas como tal.

“Se trata de un fenómeno que ocurre sobre todo en zonas en las que la población musulmana es minoría, lo que sucede con mayor impacto en países occidentales”, ha manifestado Karima Ouald Ali, presidenta de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. El congreso se enmarca en el Programa Nacional de Prevención de la Islamofobia y “tiene el propósito de aportar herramientas para que la sociedad sepa detectar, reaccionar y prevenir actitudes y comportamientos islamófobos”.

Si bien es una ONG relacionada con la inmigración la organizadora de este congreso, conviene señalar que de los cerca de 2 millones de musulmanes que hay en España, el 43% son españoles, según estimaciones del Observatorio Andalusí. Es precisamente la “extranjerización” de quienes practican esta religión uno de los factores de islamofobia que señala el Observatorio español de la Islamofobia en los Medios en sus criterios de evaluación, de acuerdo con el británico Runnymede Trust.

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Según la Asociación Marroquí de Málaga, solo un 10% de los incidentes islamófobos son denunciados, de ahí la importancia de dar herramientas para trabajar en el desconocimiento de la población sobre la legislación vigente. La Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia señala que el 45% de las veces, sucede en las redes sociales. En los datos recogidos por esta plataforma en 2015 y 2016, los ataques contra población musulmana en España representaron cerca del 40% de los delitos de odio.

Sin datos oficiales de delitos de odio islamófobos

Pero no existen datos oficiales desglosados como delitos de odio islamófobos, ya que el Código Penal establece los delitos de odio contra las minorías en términos más generales, como delito de odio por motivo de raza, etnia o religión. Únicamente desglosa los delitos antisemitas, por cuestiones históricas, como señaló el ministro del Interior ahora en funciones, Fernando Grande-Marlaska, a una pregunta de Salam Plan sobre la posibilidad de diferenciar penalmente los delitos islamóbos. En aquella ocasión descartó tipificar este tipo de delitos de forma separada por considerarlo innecesario.

Sin embargo, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, indicó pocas semanas más tarde que el Gobierno estaba estudiando la posibilidad de combatir la islamofobia al mismo nivel que el antisemitismo. Es lo que piden organizaciones como la Asociación de Jóvenes Musulmanes de España y la Asociación Musulmana por los Derechos Humanos, lo que consideran en consonancia con las recomendaciones de la OSCE.

El relator especial de Naciones Unidas para las Minorías, Fernand de Varennes, también pidió este año a España que desglosara datos para poder conocer mejor la realidad y actuar en consecuencia, si bien no concretó si sería necesario introducirlo como delito de odio específico en el Código Penal. Alemania comenzó en 2017 a diferenciar los delitos de odio islamófobos en sus estadísticas.

La Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes lanzó en julio la aplicación ‘Islamofobia’, en la que se puede denunciar de forma anónima conductas que puedan incurrir en delitos de odio hacia la población musulmana. Esta herramienta acumula cerca de 400 descargas hasta el momento.

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“Juntos tenemos que compartir una lucha contra los mensajes de xenofobia, islamofobia, antisemitismo… en general contra los mensajes de odio. Juntar nuestras luchas contra el terrorismo y el extremismo, enemigo común”, ha manifestado en rueda de prensa Borrell tras su reunión con el representante de la Liga Árabe. Aunque ha reconocido que su breve reunión -de menos de una hora- no les ha dado tiempo a entrar en detalles de cómo luchar contra la islamofobia, ha subrayado que se trata de un «objetivo común”. Considera que con las medidas que ya hay en marcha «es suficiente», aunque se ha mostrado abierto a “cualquier iniciativa”.

Preguntado por Salam Plan sobre la tipificación legal de la islamofobia y la petición de Naciones Unidas para que registre los delitos de odio de esta naturaleza de forma separada*, el ministro de Exteriores ha asegurado estar barajando igualar su consideración a la del antisemitismo, que sí se observa como un delito particular de odio tanto en el Código Penal como en las estadísticas al respecto de estos delitos: “Por supuesto, estamos estudiando -porque nos parece razonable- que la islamofobia, como el antisemitismo, se considere una manifestación del odio hacia otros seres humanos y reciba la misma clase de condena”.

“Por supuesto, estamos estudiando -porque nos parece razonable- que la islamofobia, como el antisemitismo, se considere como una manifestación del odio hacia otros seres humanos y reciba la misma clase de condena”

Contradice así al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que recientemente manifestó a este medio en rueda de prensa la falta de necesidad de igualar la islamofobia al antisemitismo en el Código Penal, pues lo considera incluido como un delito contra las creencias religiosas, ya tipificado.

La Asociación de Jóvenes Musulmanes de España y la Asociación Musulmana por los Derechos Humanos reclaman la tipificación de la islamofobia para poder luchar apropiadamente contra ella y porque consideran que va más allá de un odio por motivos religiosos. Así lo reflejó también la definición de islamofobia de una comisión mixta del Parlamento británico, donde conservadores y laboristas se pusieron de acuerdo en que la islamofobia «es un tipo de racismo».

La Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia (PCCI) en España no está de acuerdo en el aspecto racializado del problema y defiende -como Marlaska- que los delitos de odio contra los musulmanes ya están incluidos en el Código Penal como parte de los delitos de odio contra creencias religiosas. La Plataforma, sí que coincide con otras asociaciones por los derechos de los musulmanes en registrar los delitos de odio islamófobo de forma separada en las estadísticas, cosa que no sucede actualmente. Esta asociación registra desde el año 2014 las denuncias en este sentido, pero depende de que los ciudadanos se las hagan llegar o de lo que observen en medios de comunicación y redes sociales.

La necesidad de reflejar legalmente la islamofobia por separado es clara tanto para Naciones Unidas como para la OSCE o los editores del Informe Europeo sobre la Islamofobia, cuya última edición se presentó este martes en Madrid.

“Sería necesario saber en cuántos casos se han perseguido delitos del odio contra la comunidad musulmana [para] conocer la gravedad y extensión de este problema”, explicó el relator especial de la ONU sobre los derechos de las minorías, Fernand de Varennes, tras visitar el país en enero. El desglose por grupos étnicos y religiosos en las estadísticas de los delitos de odio para él es “indispensable”. El relator, no ha querido pronunciarse por el momento sobre la necesidad o no de tipificar la islamofobia penalmente.

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Borrell ha afirmado este miércoles que “en España no tenemos muestras preocupantes de islamofobia”. Para él no existe “ningún síntoma de rechazo hacia los ciudadanos de religión musulmana”.

Los delitos de odio debido a las creencias religiosas a los que se refería Marlaska, registraron 103 casos en 2017, lo que supone un incremento del 119% respecto al año anterior. El propio ministro de Interior reconoció al presentar estos datos que existe una “infradenuncia” de los delitos de odio en general, en gran parte por la desconfianza hacia las autoridades en este sentido.

Por otra parte, Borrell ha dicho este miércoles que los inmigrantes de religión musulmana están “perfectamente integrados” en la sociedad española. Cabe recordar que el 43% de los musulmanes en España son españoles, de acuerdo con las estimaciones del Observatorio Andalusí. «El islam no ha llegado en patera, forma parte de la cultura europea», reivindicó el propio ministro de Exteriores en un evento en enero.

Josep Borrell ha condenado, como ya hiciera a través de un comunicado el pasado viernes, de forma «rotunda» y «absoluta» los atentados contra fieles musulmanes en dos mezquitas de Nueva Zelanda, que dejaron 50 fallecidos y otros 50 heridos. “Queremos creer que corresponden a la actuación de un individuo probablemente perturbado”, ha manifestado.

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El dirigente de la Liga Árabe ha considerado que «el mundo civilizado ya es bastante consciente» del fenómeno de la islamofobia», y ha recordado que el islam es una «religión abrahámica» -es decir, que cree en el profeta Abraham-, al igual que el cristianismo y el judaísmo. Considera que la islamofobia no va únicamente en contra del islam, sino que es el reflejo del «odio al otro, a aquel que no conozco».

«Por tanto, los musulmanes, cristianos y judíos en las sociedades se enfrentan a un extremismo de personas de la misma sociedad«, ha señalado. Para Aboul Gheit es «una cuestión de tiempo, cultura, educación y enseñanza».

Reconocimiento de Palestina

En otro orden de cosas, Josep Borrell ha indicado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha trabajado sobre la posibilidad del reconocimiento del Estado de Palestina “permanentemente”, pero no quería hacerlo en solitario sino conseguir un bloque de países que se sumaran.

“Algunos gobiernos europeos han reconocido a Palestina. Hay algunos países europeos que están considerando la posibilidad de avanzar en este terreno. Nosotros también lo estábamos considerando, pero no de manera aislada, sino con más países europeos”, ha explicado.

«Nosotros también lo estábamos considerando, pero no de manera aislada, sino con más países europeos»

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, ha manifestado que el reconocimiento es una «necesidad urgente y crucial”, pues asegura que los Territorios Ocupados están “soportando una presión muy fuerte por parte de [los Gobiernos de] Israel y Estados Unidos”.

Borrell ha respondido que es un asunto de “especial importancia para el Gobierno español”, pero ha señalado el periodo electoral y ha remitido a revisarlo tras el 28 de abril: “Estoy seguro de que tan pronto las elecciones tengan lugar y haya un nuevo gobierno, podemos considerar con mucho interés su planteamiento”.

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*FE DE ERRATAS: Artículo actualizado el 22/03/2019 con la explicación de la PCCI sobre el registro de la islamofobia por separado en las estadísticas. Además se corrige la información inicial que aseguraba que Naciones Unidas ha pedido la tipificación penal de la islamofobia, cuando lo que ha pedido por el momento es su registro separado en las estadísticas de los delitos de odio, a la espera de un estudio en profundidad de la situación española, que está en elaboración.

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Pero también hubo progresos puntuales en 2018, según el último Estudio demográfico de los musulmanes en España del Observatorio Andalusí, publicado esta semana. El presidente de la CIE, Riay Tatary, señala a Salam Plan que las comunidades autónomas se muestran más dialogantes para ofertar las clases de religión islámica que establece una ley de 1992, que se aprobó en paralelo a otras equivalentes para los derechos de evangélicos y judíos. Aun así, solo hay 76 profesores de religión islámicas para más de 312.000 alumnos en toda España.

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Por otra parte, por primera vez una comunidad autónoma ha aprobado la asistencia religiosa en hospitales para musulmanes, a pesar de que venía reflejado en esa misma ley de hace más de 25 años. Ésta es una radiografía dato a dato de los musulmanes en España, con las dificultades y los avances que se encuentran en la Administración en relación a sus creencias:

1. Dos millones de musulmanes y cerca de la mitad son españoles:

En España viven 1.993.675 de musulmanes, de acuerdo con los cálculos estadísticos de Ucide, que se basan en datos de las comunidades islámicas, los padrones municipales y el Instituto Nacional de Estadística (INE). En total, equivalen al 4% de los habitantes españoles y extranjeros en el país, una cifra que permanece estable con respecto a 2017.

El 43% de quienes profesan el islam en España, son españoles. Entre los musulmanes inmigrantes, la nacionalidad más habitual es la marroquí, que conforma un 38% del total de personas que profesan esta religión en España. Le siguen las personas procedentes de Pakistán, Senegal y Argelia.

2. Cataluña: la mayor población, pero sin clases de religión

533.600 ciudadanos de Cataluña son musulmanes, lo que la convierte en la comunidad autónoma con mayor población musulmana en números absolutos (porcentualmente Ceuta y Melilla tienen más). Sin embargo, es una de las cinco comunidades autónomas donde continúa sin haber ningún profesor de religión islámica en los centros públicos de enseñanza. El Observatorio Andalusí estima en más de 85,800 los alumnos musulmanes en sus aulas.

Ello a pesar de que en 1992 se aprobaron tres leyes con los representantes de las religiones evangélica, judía y musulmana para concretar sus derechos establecidos en la Constitución, que incluye el derecho a recibir clases de la religión que se profesa en un centro público si existe la demanda suficiente (la ley marca mínimo 10 peticiones por centro para un profesor). Son los llamados «Acuerdos de Cooperación del Estado» con los distintos representantes de las confesiones religiosas minoritarias con arraigo en España.

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La falta absoluta de profesorado de religión islámica en Cataluña es una situación recurrente que denuncia desde hace tiempo la Comisión Islámica de España (CIE), órgano oficial que ejerce de interlocutor con la Administración. Por ello, en una reunión de su Comisión Técnica de Educación el pasado diciembre constataron lo que consideran “fuertes trabas políticas para impartir religión en Cataluña”.

«Siempre hemos tenido contacto con ellos, desde la firma del convenio de enseñanza religiosa [en 1996]», señala el presidente de la CIE, Riay Tatary a Salam Plan. Cuenta que la primera condición que le pusieron fue que los profesores pudieran dar las clases en catalán, con lo que Tatary expresó que no había inconveniente alguno. De hecho, los profesores de religión islámica habilitados por la CIE para la Generalitat se han graduado en las universidades catalanas, subraya.

Sin embargo, «desde entonces no hay señales de vida», indistintamente de los distintos gobiernos que han pasado por el poder en Cataluña. «He hablado con todos los gobiernos que han pasado por ahí. Incluso hablé personalmente con alguno de los presidentes personalmente, y no hay ninguna contestación». ¿El motivo? Tatary asegura que lo desconoce.

Murcia es junto con Cataluña, la única comunidad autónoma, que no está “abierta” a la impartición de estas clases, indica el informe. Para Tatary, la situación «es igual». En estos dos lugares, se ha ofrecido a las autoridades que sean los propios padres interesados quienes paguen a los profesores, pero no se les ha autorizado. Se da la circunstancia de que Murcia es la quinta comunidad autónoma con más población musulmana: más de 105.000 habitantes y 18.500 alumnos.

«Se trata de un derecho fundamental. Es una ley que fue firmada por todos los grupos parlamentarios, tanto nacionales como regionales», recuerda Riay Tatary.

«Se trata de un derecho fundamental. Es una ley que fue firmada por todos los grupos parlamentarios, tanto nacionales como regionales»

— Riay Tatary, Comisión Islámica de España

Cuenta que todos los años manda una carta recordando el convenio que existe para impartir clases de religión islámica, y «no hay una contestación ni de Murcia ni de Cataluña». El presidente de la CIE cuenta que «hace unos años» hubo contactos y estaban «muy esperanzados», pero finalmente quedó en agua de borrajas y desde entonces solo hay «silencio», denuncia.

Aunque Tatary pone el foco sobre Cataluña y Murcia, lo cierto es que Madrid y la Comunidad Valenciana tampoco tienen profesores de religión islámica de acuerdo con la proporción de alumnado musulmán. Solo hay tres y un profesor de religión islámica respectivamente, a pesar de estar entre las cinco comunidades autónomas con mayor población musulmana. Andalucía, la segunda comunidad autónoma con mayor población, tiene a 23 profesores en su plantilla.

3. 76 profesores para 312.500 alumnos, pero con más disposición por parte de las Comunidades Autónomas

El 90% del alumnado musulmán no recibe clases de su religión a pesar de las leyes y “solo doce autonomías cumplen solo unos mínimos legales”, denuncia el informe del Observatorio Andalusí. En total hay 76 profesores contratados en toda España para un alumnado de 312.498 alumnos musulmanes. Solo uno de estos profesores imparte clases en Secundaria; se encuentra en La Rioja.

A pesar del bajo número, proporcionalmente hubo un aumento significativo en 2018, pues son 15 más que un año antes. Esto se debe a que en el presente curso escolar han comenzado a ofrecerse clases de religión islámica en Extremadura, la Comunidad Valenciana y La Rioja.

Aunque Navarra anunció que también lo haría, de momento no ha podido ser. Desde el departamento de Educación de la comunidad foral indican a Salam Plan que solicitaron a la Comisión Islámica en Navarra un listado de profesores una vez que conocieron la demanda, de acuerdo con la Ley de 1992. Pero «hasta fecha de hoy esta Comisión ha informado al Departamento que no puede ofrecer personas con la titulación legalmente necesaria para realizar su función educativa, al igual que está ocurriendo con otras comunidades autónomas». Tatary explica que exigen la carrera de Magisterio o Grado de Enseñanza a los profesores de religión, pero la CIE únicamente dispone de licenciados en su bolsa de profesores allí.

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Baleares, Asturias y Cantabria son otras tres comunidades autónomas donde aún no hay ningún profesor para impartir esta materia, pero están en conversaciones con la CIE. Tatary considera un gran avance la disposición que existe ahora por parte de casi todas las comunidades autónomas a impartir la enseñanza religiosa islámica donde haya demanda.

4. El 95% de las comunidades islámicas no tienen cementerio

Al igual que otras religiones, el rito musulmán para enterrar a los fallecidos tiene sus especificidades, como enterrarlos sin ataúd. Pero a menudo a los musulmanes españoles o residentes en España les resulta imposible cumplir con su fe e incluso se ven forzados a repatriar los cadáveres a sus países de origen, si son inmigrantes.

Y es que el 95% de las comunidades islámicas carecen de cementerios donde poder enterrar a sus muertos de acuerdo con sus creencias. A pesar de ello, Tatary indica que «con los cementerios hemos avanzado mucho», pues desde que se firmó el Acuerdo de Cooperación hace más de 25 años ha pasado de haber 4 cementerios a existir 35 cementerios en toda España. Indica que en las grandes ciudades las autoridades están sensibilizadas al respecto.

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Los ciudadanos musulmanes sí pueden enterrar a sus muertos según su rito en Ceuta, Melilla, Comunidad Valenciana, País Vasco, Asturias, Madrid o Andalucía. En esta última comunidad autónoma el reglamento de la Policía Sanitaria Mortuoria recoge que “en aquellos casos en que, por cuestiones de confesionalidad, así se solicite y se autorice por el Ayuntamiento, (…) podrá eximirse del uso del féretro para el enterramiento, aunque no para la conducción”. Por otra parte, hay dos cementerios pluriconfesionales en Alcobendas (Madrid) y Riba-Roja de Túria (Valencia).

El Informe Anual sobre la situación de la Libertad Religiosa en España elaborado por el Ministerio de Justicia, la Comisión Islámica de España señala al municipio de Badajoz “entre los casos enquistados en el tiempo” y asegura que se niega “reiteradamente a enterrar a musulmanes respetando su rito”.

5. Primer acuerdo para la asistencia religiosa en hospitales

Desde que se regulara el derecho a la asistencia religiosa islámica en centros hospitalarios en la ley de 1992, no se había llevado a cabo ningún convenio hasta ahora. En 2018 por primera vez una comunidad autónoma ha firmado un acuerdo con la Comunidad Islámica de España, señala el informe del Observatorio Andalusí.

Esa comunidad es Madrid y el convenio se firmó con la Consejería de Sanidad en diciembre pasado. La CIE lo valoró entonces como “un hecho muy positivo” y su presidente, Riay Tatary, espera que sirva como modelo para convenios con otras comunidades autónomas.

6. Delitos de odio contra musulmanes

El Código Penal establece los delitos de odio contra las minorías, es decir los ataques contra alguien por el hecho de pertenecer a un grupo social determinado. En 2017, las autoridades registraron 1.419 delitos de odio, casi un 12% más que en 2016, según el Ministerio del Interior. Los delitos de odio por cuestiones religiosas se incrementaron un 119%, aunque apenas superan el centenar (103 hechos registrados). Algunos expertos y asociaciones dentro de la comunidad musulmana no consideran la islamofobia un asunto únicamente ligado a la religión, sino también una cuestión racista, según lo cual también podría haber delitos de odio contra los musulmanes registrados en otra categoría.

En cualquier caso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska indicó recientemente en la presentación de estos datos que existe una «infradenuncia» de los delitos de odio en general. Representantes de las propias fuerzas de seguridad admiten que en parte se debe a la falta de confianza en ellos por parte de los ciudadanos.

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SOS Racismo ha denunciado esta semana la existencia de una «perfilación étnica» en las identificaciones policiales en Cataluña. Según una encuesta hecha a través de su web, las personas «racializadas» que más a menudo deben identificarse ante los Mossos d’Esquadra son las de origen magrebí o árabe (56%). Destaca que las estadísticas de los Mossos muestra que en los llamados «controles policiales de paso» a más de 17.000 extranjeros frente a cerca de 5.000 españoles.

Algunos sectores de la comunidad musulmana en España piden que se tipifique específicamente la islamofobia en la ley o que -al menos- se observe de forma diferenciada en las estadísticas, como ya sucede con el antisemitismo y el antigitanismo. Las asociaciones que solicitan esta tipificación -incluida la Asociación de Jóvenes Musulmanes de España– consideran que solo así se podrá combatir este fenómeno adecuadamente.

La Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia y el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska lo consideran innecesario, pues a su modo de ver coincide con la tipificación ya existente de delito de odio contra una minoría religiosa. El relator especial de la ONU sobre minorías, Fernand de Varennes, estuvo recientemente en España invitado por el Gobierno para evaluar la situación de los distintos grupos vulnerables. Para Varennes, en consonancia con las recomendaciones de la OSCE, sí que es «indispensable» desglosar los datos de los delitos de odio para poder darles una respuesta eficaz.

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Un grupo de ancianas se pone de acuerdo para ir juntas a hacer la compra en su ciudad porque tienen miedo de que vengan los inmigrantes y las violen. No se trata de una escena ficticia. La describe Edit Inotai, analista del Centro para la Integración y Democracia Euro-Atlántica (CEID) de Hungría en conversación con Salam Plan. No puede evitar reír ante la impotencia de una situación que le parece ridícula. “Ni siquiera hay inmigrantes”, comenta.

László Cselényi, exdirector de la televisión internacional húngara Duna TV, critica que no exista un verdadero programa de gobierno. “Se basan en explotar el miedo ante lo desconocido, fomentando el odio hacia otras religiones y culturas”, asegura.

Cada vez más húngaros coinciden con la defensa a ultranza de la cultura húngara frente a un futurible aluvión de inmigrantes ilegales que son potenciales terroristas por proceder de países de mayoría musulmana y que, según el Gobierno magiar, esperan al otro lado de la verja fronteriza que levantó en plena crisis de los refugiados para llegar por miles en cuanto les dejen. Orbán y su partido, el Fidesz, repiten esta idea de la amenaza invasora desde hace años.

“Es más bien una cosa cultural, mantener la sociedad europea. No creo que los húngaros seamos muy creyentes, como los polacos”, apunta Inotai. “Yo también tengo amigos que viajan mucho al extranjero y de origen conservador y cuentan que ven mucha gente musulmana y dicen: ‘nosotros no queremos un país con tanta diversidad’”, cuenta la analista.

En palabras del portavoz gubernamental, Zoltan Kovacs, las personas que llegarían a Hungría en caso de que el Ejecutivo aceptara la cuota actual de unos 1.200 refugiados serían sinónimo de “problemas”. El equipo de Orbán no distingue entre solicitantes de asilo y migrantes económicos, por lo que Kovacs niega que la acogida sea una cuestión de derechos humanos. “El Gobierno rechaza firmemente el principio de que la migración actual debería ser vista como un derecho humano”, declaró recientemente.

“El Gobierno rechaza firmemente el principio de que la migración actual debería ser vista como un derecho humano”

El primer ministro fue reelegido el pasado domingo con el 49% de los votos y una participación del 70% para sorpresa de los analistas, reconoce Inotai, que pensaban que la alta participación favorecería a la oposición. Además, otro 20% se lo llevó el Jobbik, partido antes más a la derecha y que para estas elecciones trató de virar a la moderación para arrebatar votos al Fidesz.

El primer ministro aseguró en una entrevista en enero de este año con el diario alemán Bild que para él, los refugiados “no son refugiados, sino invasores musulmanes”. Argumentaba que por ello, muchos sirios habían tratado de llegar a la próspera Alemania pasando antes de largo por países “estables” como Hungría. Fue en 2015 cuando efectivamente pasaron muchos solicitantes de asilo por el país magiar, pero la mayoría se quedaron allí únicamente durante los días que el propio Ejecutivo de Orbán les impidió tomar trenes en la estación de Keleti en Budapest para seguir su camino fuera de Hungría.

“Todos los terroristas son básicamente inmigrantes”, manifestó en otra entrevista, ésta con Politico en 2015, aunque es una idea sostenida en el tiempo por este dirigente.

Propaganda sin contestación efectiva

Este aluvión discursivo contra los extranjeros, especialmente contra los extranjeros musulmanes, prácticamente no encontró ideas ni explicaciones contrarias. Poco importó que la mayoría de los terroristas que han atacado en los últimos años en Europa fueran nacidos o criados aquí, como los de Ripoll que atentaron en Cataluña o como los terroristas de los atentados de París. Poco importó que la inmensa mayoría de los terroristas nada tuviera que ver con los cientos de miles de solicitantes de asilo que llegaron en plena crisis de refugiados en Europa -si bien alguno sí se coló, como el joven que llegó aún sin cumplir la mayoría de edad y atacó con un hacha en un tren de cercanías bávaro-.

Poco importó incluso que por meros motivos prácticos pudiera interesar acoger a futuros trabajadores en una economía que ciertamente marcha bien con un paro entorno al 5%, en la que sin embargo hace falta mano de obra en sectores como la construcción, la sanidad o la educación, según Inotai. Eso sí, reconoce que la lengua húngara es muy complicada de aprender para los extranjeros.

Y es que, si en las elecciones de 2014 ya habían cerrado algunos medios de comunicación y algunas ONG críticas con el Gobierno ya habían sufrido redadas en sus sedes, para estos comicios la oposición mediática y política prácticamente había desaparecido. Cselényi recuerda que un amigo de Orbán llamado Mészáros Lörinc es dueño de 18 periódicos locales y regionales “que difunden los mismos contenidos propagandísticos”.

Inotai añade que aunque sí existe aún un medio crítico importante en Budapest, también las radios regionales son acríticas y solo en internet hay un espectro más amplio con opiniones divergentes a las de Orbán. Pero las personas mayores de las provincias no acceden a esos medios, opina.

Riesgo sistémico para el Estado de derecho

Este jueves, la eurodiputada Judith Sargentini ha presentado un informe sobre la situación política en Hungría ante la posibilidad de que el Estado magiar esté faltando a los principios de la Unión Europea de respeto a la dignidad humana, democracia, pluralidad, tolerancia, etc. establecidos en el artículo 2 del Tratado de Lisboa.

“Desde 2012, la Constitución se ha cambiado seis veces. La justicia ha perdido independencia en favor de control del Ejecutivo”, ha destacado la eurodiputada de Los Verdes en rueda de prensa. Igualmente, ha apuntado a asuntos como el cierre de medios de comunicación, una “nueva legislación que afecta a la libertad de religión, con iglesias registradas que se retiraron del registro”, o el acoso a algunas ONG y los problemas para la libertad de expresión.

A pesar de las acusaciones de eurodiputados del Fidesz de publicar el informe cuatro días después de las elecciones en su país a modo de venganza, Sargentini ha subrayado que inicialmente había planificado publicarlo en marzo y precisamente lo pospuso para no interferir en la campaña electoral. Además, ha señalado que su informe se basa en hechos documentados por organismos externos al Parlamento Europeo, como las Naciones Unidas o los propios tribunales húngaros.

Un informe de la OSCE sobre las elecciones de 2014 ya puso en serias dudas la limpieza de aquellos comicios, pues el Fidesz “disfrutaba de una ventaja indebida por las regulaciones de campaña restrictivas, cobertura mediática sesgada y actividades de campaña que difuminaban la separación entre el partido político y el Estado”. En esta ocasión, la OSCE ha incidido en que los telediarios daban la versión gubernamental de la actualidad y que la oposición no tuvo opción real a publicitar su mensaje.

La oposición tampoco quiere inmigrantes

Aún así, el mensaje de la oposición tampoco habría rebatido realmente la propaganda antimigratoria del equipo de Orbán. Para Inotai y Cselényi no cabe duda de que los comicios de este año han sufrido la falta de pluralidad en los discursos, no solo por el panorama mediático, sino también por los partidos de la oposición húngara.

“Los partidos de la oposición obviaron el tema de la inmigración -erróneamente- para no caer en la trampa de Fidesz. No se atrevieron a ir en contra de la opinión pública, dado que les acusaron de ser agentes al servicio de intereses extranjeros”, explica Cselényi.

“A la oposición le angustiaba mucho tocar este tema. Realmente ninguno está a favor de la inmigración, porque la sociedad no quiere”,

“A la oposición le angustiaba mucho tocar este tema. Realmente ninguno está a favor de la inmigración, porque la sociedad no quiere”, opina Inotai.

Hay otro factor más que explica el triunfo del discurso del miedo en Hungría, según esta experta. “No es solamente la propaganda antimusulmana, es también la situación feudal de Hungría. Los mejores resultados de Fidesz han sido en las provincias, donde reciben ayudas del Estado con programas de trabajo comunitario. Mucha gente vive de ello. Son muy pobres y en estas zonas no hay otro trabajo”.

El ‘informe Sargentini’ entra ahora en periodo de enmiendas y será votado finalmente el próximo septiembre. En caso de obtener al menos un tercio del acuerdo de la Eurocámara, se aplicará el artículo 7 del Tratado de Lisboa, que llevaría a sanciones contra los magiares por violar el Estado de Derecho según las normativas europeas.

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