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Aumenta tímidamente la representación de jóvenes, mujeres y miembros de orígenes más diversos. Al frente se pone ahora Aiman Adlbi, un médico y educador septuagenario cercano al recientemente fallecido Riay Tatary.

Nadie habla mal de él, también conocido como Abu Abdu, nuevo presidente del máximo órgano de representación de los musulmanes ante el Estado desde el pasado sábado 18 de julio. En lo personal, todo son buenas palabras. Pero todos los representantes consultados piden cambios para una defensa más activa de sus derechos reconocidos en la Ley; y no todos están seguros de que Adlbi y su equipo los vayan a llevar a cabo.

Isabel Romero, presidenta de la histórica Junta Islámica, cuenta que tuvo la oportunidad de coincidir con él cuando comenzaron la elaboración de unos nuevos estatutos: “Es un hombre afable y dialogante”. Y añade que espera que esta vez se opte por un modelo “menos presidencialista” y más eficaz.

Mohamed Said Alile es el presidente de la Asociación Jóvenes Musulmanes de España y también tiene solo buenas palabras para Adlbi en lo personal. Le conoce desde hace 19 años, cuando ambos acudían a actividades con jóvenes en la mezquita de Estrecho (Madrid), sede central de la Comisión Islámica de España (CIE). Allí Adlbi siempre se ha encargado principalmente de la parte educativa de los jóvenes. También creó su propio método de enseñanza del árabe.

Le describe como un hombre “amable, comprometido con el trabajo y la ayuda a los jóvenes”, que prefería mantenerse en segundo plano. Médico otorrino, “muchas veces venía de trabajar toda la noche en el SUMA y desayunaba con nosotros”, rememora. A pesar de ello, está decepcionado con su nombramiento. “Es una persona maravillosa, pero la bondad o la buena reputación no es el único criterio para asumir la tarea de la gestión de una institución que es interlocutora del Estado después de muchos años de espera”.

Considera que Aiman Adlbi ofrece un “perfil neutro, sobre todo para responder a unas circunstancias complicadas de comunicación con el Estado”.

Alile augura muchas impugnaciones, reprocha que “sabíamos todos que el guion estaba marcado” y considera que no ha habido una votación democrática. Asegura, por ejemplo, que uno de los representantes de una comunidad autónoma hace tiempo que ya no vive en la región por la que ejerce el voto.

Isabel Romero considera que el procedimiento sí ha sido correcto. Señala que “todos los que han tenido suficiente representación de cuota, han podido votar (…) en función del último listado de federaciones”. Su propia federación -fundada recientemente- no ha podido participar, por no tener una cuota suficiente. Adlbi fue elegido con la asistencia del 84% de los miembros de la comisión permanente, ha comunicado la CIE.

Para una de las mujeres más veteranas en la defensa de los derechos de los musulmanes españoles, la nueva composición demuestra que “se ha hecho un esfuerzo por mostrar mayor diversidad, incorporar a más mujeres (y) está reconocida la diversidad de las federaciones”. No cree que sea “el ideal de lo que se quiere para adecuar la CIE (Comisión Islámica de España) a la nueva realidad social y demográfica en España”, pero considera necesario dar un “margen de confianza y ver el trabajo que se quiere impulsar”.

La secretaria general de la Asociación Musulmana por los Derechos Humanos, Aurora Ali, también celebra con la boca pequeña que las mujeres estén ahora mejor representadas, gracias a dos féminas en la Comisión: una cara ya conocida, María Dolores Cuenca, y Samira Yakhlef Jahjah. Ambas son vocales en una junta directiva formada por 15 personas. Por eso Ali opina que “deberían ser más y estar mejor posicionadas, ya que su capacitación en los últimos años demuestra que son bastante más accesibles y, por lo tanto, pueden prestar el servicio y apoyo estipulados”.

Tampoco cree que los jóvenes estén suficientemente representados y le gustaría que hubiera miembros de comunidades paquistaníes y senegalesas -entre otros- para una mayor representatividad de la diversidad musulmana en España.

Denuncian falta de legitimidad

Para el periodista Houssien El Ouariachi, que imparte habitualmente conferencias sobre temas como el islam y la democracia o el islam y la mujer para “descodificar malos entendidos”, la nueva composición es decepcionante. “Más de lo mismo, nada nuevo bajo el sol”, lamenta. “El actual modelo que ha regido desde el 92, que viene a ser básicamente el de la Administración española, se agota. No corresponde a la realidad”.

Considera, como Alile, que carece de legitimidad, mientras hay un proceso judicial en marcha sobre los estatutos que deben regir la Comisión Islámica y con ellos, la defensa de los intereses de los ciudadanos musulmanes. El Ouariachi lleva tiempo preparando un libro al respecto. En noviembre habrá una nueva vista judicial.

En la misma línea que el periodista, se manifestó en las redes sociales en horas y días previos a la elección de la nueva junta directiva, Said Ratbi. Su voz tiene especial peso, pues era vocal de la junta directiva en la CIE hasta que se formó la nueva el 18 de julio. En dos duros textos califica de “engaño” los actuales estatutos, por -según la denuncia que hay ante los tribunales- haberse registrado legalmente unos distintos a los consensuados. “Reconozco que no me he dado cuenta de ello hasta hace menos de un par de meses cuando empecé a recopilar y revisar elementos y documentos de todas las irregularidades, corrupción y fraudes”, ha asegurado.

La biografía de Aiman Adlbi, un septuagenario médico otorrino, transcurre casi en paralelo a la de su antecesor, Riay Tatary. También es sirio y llegó a España en los años 70 huyendo del régimen de Hafez el Asad. Por entonces era estudiante, y junto a Tatary y otros jóvenes conformaron poco después una asociación para defender sus derechos como minoría religiosa, uno de los gérmenes de la actual Comisión Islámica de España.

En la mezquita de Estrecho, Adlbi era una de las personas más cercanas a quien también es conocido como el “padre del islam en España”. No en vano, Tatary fue uno de los grandes impulsores de los Acuerdos de 1992 en los que se establecieron los derechos de las tres minorías religiosas con “notorio arraigo” en España: los musulmanes, judíos y evangélicos. Sin embargo, muchos de los derechos reflejados en aquella ley para velar por los derechos de los ciudadanos musulmanes, siguen sin llevarse a la práctica íntegramente o en todo el territorio español: los cementerios musulmanes, el acceso a comida halal en los menús escolares, librar en las principales festividades musulmanas en lugar de las cristianas, el derecho a la educación religiosa en los colegios públicos…

Aurora Ali espera que “esta nueva etapa sea un paso adelante en el cumplimiento pleno de los Acuerdos del 92 y superemos el inmovilismo y falta de voluntad política que los ha caracterizado estos 28 años”.

Ahora, Adlbi tiene la difícil tarea de representar a los aproximadamente dos millones de musulmanes españoles y residentes en España en su máximo órgano de interlocución con el Estado y luchar por que esos derechos reconocidos no queden en papel mojado.

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